Defensoría advierte riesgos en atención en salud de más de 100mil personas privadas de la libertad

Colombia

La Defensoría del Pueblo alertó por los posibles riesgos para la atención en salud de más de 100.000 personas privadas de la libertad, tras la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de empezar a adoptar un esquema de operador único que está a cargo de la Nueva EPS.

La entidad advirtió que la preocupación se da por la compleja situación operativa que atraviesa esta EPS, señalada por la Procuraduría General de la Nación luego de dos años de intervención, así como en el alto número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante 2025.

Según la Defensoría, este panorama está generando incertidumbre sobre la capacidad real de la entidad para asumir la prestación del servicio en el sistema penitenciario y carcelario que tiene más de 100mil personas.

Recuerda que la Corte Constitucional declaró en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario (sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022), debido a fallas persistentes, especialmente en la garantía del derecho fundamental a la salud.

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En este contexto, la Defensoría habla de la importancia de que la transición hacia el nuevo modelo cuente con estudios técnicos suficientes, una planeación adecuada y garantías de continuidad asistencial, con el fin de evitar interrupciones en tratamientos, suministro de medicamentos y atención oportuna.

También recordó que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud.

La entidad informó que desde el mes de enero solicitó presencia en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para participar en el proceso de toma de decisiones, en ejercicio de su función de protección de los derechos fundamentales. No obstante, hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Asimismo, instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Nueva EPS a garantizar la prestación inmediata y continua del servicio durante la transición, presentar y socializar los estudios técnicos que sustentan el modelo, divulgar el plan de red integral de prestadores y diseñar un cronograma detallado con responsables claros.

La Defensoría también pidió incorporar un enfoque diferencial con especial atención a mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o trastornos de salud mental. Además, solicitó fortalecer los mecanismos de supervisión y habilitar canales de información claros y transparentes para las personas privadas de la libertad y sus familias.

Finalmente, el organismo anunció que activará todos los mecanismos de su competencia cuando se adviertan riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de esta población, y reiteró su compromiso con la garantía efectiva, oportuna e integral de los derechos humanos en el sistema penitenciario colombiano.