Inteligencia artificial y riesgo empresarial: el costo jurídico que implica usar estas herramientas

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en el principal riesgo empresarial en Colombia. Así lo revela el Allianz Risk Barometer 2026, que ubica por primera vez a la IA en el primer lugar de las amenazas para las organizaciones, con un 48 % de menciones.

El problema, advierten expertos, no está en la tecnología en sí, sino en la fragilidad jurídica con la que muchas empresas la están implementando.

Un ejemplo cotidiano lo ilustra con claridad: un empleado que, con buena intención, carga los estados financieros proyectados de su compañía en una inteligencia artificial pública para agilizar una presentación. En cuestión de segundos, información estratégica queda expuesta en servidores externos, fuera del control de la empresa, comprometiendo secretos industriales y activos intangibles clave.

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Para la firma Ávila Arias & Asociados, especializada en gestión integral del riesgo, esta situación evidencia una crisis de gobernanza legal más que un simple desafío tecnológico.

“Estamos viendo empresas que operan con herramientas de 2026 bajo estructuras legales de 2010. Ese vacío es donde hoy se pierde el patrimonio”, advierte Andrés Ávila Ávila, socio director de la firma.

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La innovación avanza más rápido que el derecho

El impacto de la inteligencia artificial atraviesa múltiples áreas jurídicas y obliga a repensar la protección corporativa como un sistema transversal. De acuerdo con el análisis de la firma, el choque entre innovación y regulación ya se manifiesta en varios frentes críticos.

En materia de compliance y gestión del riesgo, el uso no autorizado de herramientas de IA (conocido como Shadow AI) se ha convertido en una amenaza silenciosa.

Equipos de trabajo utilizan plataformas no supervisadas que, además de filtrar información sensible, pueden derivar en sanciones regulatorias severas y daños reputacionales difíciles de revertir.

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Desde el derecho corporativo, surge una paradoja inquietante: muchas empresas están creando software, modelos o contenidos mediante inteligencia artificial sin tener claridad sobre su propiedad intelectual.

Bajo los marcos legales actuales, la ausencia de contratos que definan la titularidad de los algoritmos puede dejar esas innovaciones en un limbo jurídico, reduciendo su valor comercial y estratégico.

Identidad sintética, errores fiscales y riesgos patrimoniales

Otro frente de alerta está en la gestión de cartera. Los procesos tradicionales de cobro se enfrentan hoy a ‘deepfakes’ y suplantaciones de identidad tan sofisticadas que pueden autorizar pagos a cuentas equivocadas.

En este contexto, la recuperación de activos exige mecanismos de trazabilidad jurídica capaces de verificar quién está realmente detrás de cada transacción.

En el ámbito fiscal, la automatización también trae riesgos. Confiar sin verificación en reportes tributarios generados por inteligencia artificial puede convertirse en una trampa legal.

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Un sesgo o error algorítmico puede desencadenar multas administrativas masivas durante una fiscalización técnica, en la que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contribuyente frente a la autoridad.

A esto se suma la defensa patrimonial en un entorno de transacciones automatizadas de alta frecuencia. La posibilidad de que recursos de origen ilícito se mezclen con patrimonio legítimo es cada vez más real.

La debida diligencia, advierten los expertos, ya no puede ser solo documental: debe ser forense para evitar que las empresas se vean involucradas injustamente en procesos de extinción de dominio.

Un nuevo rol para el abogado en la era de la IA

Con una trayectoria ligada a entidades de control patrimonial y fiscal de alta complejidad, como la DIAN y la SAE, Andrés Ávila sostiene que el ejercicio del derecho corporativo ha cambiado de forma radical.

“Ya no se trata de esperar a que llegue la demanda. En 2026, el éxito de un gerente depende de su capacidad para anticipar cómo la tecnología afecta su balance. El abogado de hoy debe ser un estratega de riesgos que hable el lenguaje del negocio y del regulador por igual” menciona el director de la firma.

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En un escenario donde los algoritmos influyen directamente en el flujo de caja, la reputación y la continuidad operativa, el blindaje técnico-jurídico se perfila como uno de los activos más valiosos para las empresas colombianas.

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