La Red de Veedurías alerta el riesgo salud de personas privadas de la libertad en Colombia
El organismo pidió a la Procuraduría y la Contraloría vigilar el riesgo de salud de más de 106 mil personas privadas de la libertad.
Cárcel (créditos: GettyImages) / Caspar Benson
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una alerta ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por los cambios que, según el organismo, “el Ministerio de Salud pretende implementar en el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad”.
Según la Red, la atención en salud de esta población ha mostrado avances verificables pese a las limitaciones estructurales del sistema, con rutas de atención y garantías de el derecho fundamental a la salud. Sin embargo, advierte que la intención del Ministerio de reformular el modelo desconoce estos avances y plantea trasladar la atención a Nueva EPS, una entidad que actualmente enfrenta dificultades financieras y operativas.
"La atención en salud a la población privada de la libertad ha avanzado de manera verificable pese a las limitaciones estructurales del sistema (...), Sin embargo, la intención del Ministerio de salud de reformular el modelo no solo desconoce estos avances, sino que plantea trasladar esta población a NUEVA EPS, entidad que actualmente enfrenta graves dificultades financieras y operativas“, dijo Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
La Red compara este cambio con lo ocurrido en Caprecom entre 2009 y 2015
Esta comparación se da luego de que entre esos años, se registraron fallas en la prestación de servicios. Además, señala que la reforma propuesta invierte las prioridades al privilegiar la implementación de una política del Ministerio antes que la garantía efectiva del derecho a la salud.
El documento también advierte que, “el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad habría aprobado un modelo de atención con operador único sin que se conozcan estudios que respalden la decisión, ni un plan de transición que garantice la continuidad del servicio”.
De acuerdo con la queja de la Red, estos hechos podrían configurar posibles irregularidades disciplinarias por el desconocimiento de los principios de legalidad y planeación, si se llegara a comprobar la afectación de derechos fundamentales como la salud y la vida de esta población.