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En jaulas y encadenados: JEP reveló cómo permanecían en cautiverio los secuestrados por las Farc-EP

Los testimonios recogidos por el tribunal evidencian además trabajos forzados, castigos físicos y psicológicos, amenazas de ejecución y episodios de violencia sexual.

Imagen de referencia de secuestrados: Fotos: Getty Images

En sus relatos ante la JEP, exsecuestrados describieron marchas forzadas de semanas o meses por zonas selváticas, con jornadas de hasta diez horas diarias, en medio de lluvias, enfermedades tropicales y sin atención médica.

Muchos contrajeron paludismo, leishmaniasis o infecciones sin recibir tratamiento adecuado.

También se documentaron condiciones de hacinamiento en campamentos donde decenas de personas permanecían retenidas en espacios reducidos, con poca comida y sin acceso a higiene básica. Algunos debían dormir en hamacas improvisadas o sobre tablas de madera, con cadenas que limitaban sus movimientos incluso durante la noche.

Los testimonios recogidos por el tribunal evidencian además trabajos forzados, castigos físicos y psicológicos, amenazas de ejecución y episodios de violencia sexual. Varias víctimas relataron que fueron obligadas a construir caminos, cargar víveres o atender necesidades logísticas de los grupos armados mientras permanecían en cautiverio.

Las familias también expusieron el impacto del secuestro: años sin saber si sus seres queridos seguían con vida, negociaciones económicas que dejaron a muchos en la ruina y secuelas físicas y psicológicas que persisten tras la liberación. En algunos casos, los comparecientes han aportado información que ha permitido ubicar restos de personas asesinadas en cautiverio o esclarecer desapariciones.

Para la JEP, estos testimonios fueron determinantes para establecer que las condiciones degradantes hicieron parte del funcionamiento de la política sistemática de secuestro de las Farc y no fueron hechos aislados. El tribunal documentó torturas, desapariciones, homicidios y violencia sexual como crímenes asociados al cautiverio.

En medio de este proceso, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes de las extintas Farc-EP —15 del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur— señalados como máximos responsables de la política de secuestros y de los crímenes cometidos contra las personas retenidas.

Los comparecientes tendrán 30 días para reconocer responsabilidad o rechazar los cargos. Si aceptan los hechos, el proceso avanzará hacia sanciones restaurativas ante el Tribunal de Paz; de lo contrario, enfrentarán un juicio que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.