Colombia pasó de registrar 48.000 hectáreas de cultivos de coca en 2013 a cerca de 300.000 hectáreas

Colombia

Un informe estratégico elaborado por el Consejo de Generales en Retiro del Ejército Nacional (CGREN) advierte que en Colombia se ha fortalecido el narcotráfico y los grupos armados ilegales, todo en un contexto marcado por la política de Paz Total, lo que, según los Generales, estaría debilitando el control territorial del Estado y agravando los riesgos para la seguridad nacional y las relaciones internacionales.

El documento, titulado Documento de Análisis Estratégico (DAE) No. 002, fue liderado por el general (r) Jorge Segura y analiza la evolución del narcotráfico como un “sistema adaptativo criminal”, capaz de reorganizarse, aprender y expandirse frente a señales de baja presión estatal.

Según el informe, Colombia pasó de registrar 48.000 hectáreas de cultivos de coca en 2013 a cerca de 300.000 hectáreas en 2025, lo que representa un incremento superior al 600%.

Al mismo tiempo, los grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones criminales, habrían crecido en tamaño, capacidad operativa y control territorial, lo que estaría demostrando una correlación entre ambas dinámicas.

¿Qué pasó con el narcotráfico en Colombia desde 2014?

El análisis dice que, a partir de 2014, el país experimentó un giro en su estrategia contra el narcotráfico, con reducción de la presión del Estado, suspensión de herramientas como la aspersión aérea y una priorización del enfoque negociador. En ese escenario: “el narcotráfico dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en el eje estructurante del actual conflicto armado y criminal”.

Uno de los puntos más críticos del informe es la advertencia sobre los efectos no previstos de la política de Paz Total.

De acuerdo con el DAE, los ceses al fuego, la suspensión de operaciones ofensivas y las mesas de diálogo con actores armados habrían sido interpretados por los grupos ilegales como señales de tolerancia, y eso les permitió consolidar control territorial, fortalecer sus economías ilegales y ejercer funciones de gobernanza criminal en varias regiones del país.

El documento también alerta sobre zonas especialmente sensibles como el Catatumbo, Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y las regiones fronterizas con Venezuela y Brasil, donde hay guerrillas, disidencias, crimen transnacional y redes de apoyo binacionales, configurando escenarios de conflicto híbrido.

“Mientras el narcotráfico y las organizaciones criminales se fortalecen, se evidencia al mismo tiempo un debilitamiento relativo del aparato de seguridad y defensa. La brecha entre capacidad ofensiva estatal y criminal se ha reducido en varios territorios rurales y urbanos. Los estudios sectoriales de la Contraloría, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y otras investigaciones académicas (Segura, 2022) muestran que, tras el pico de las políticas en defensa y seguridad nacional (2002-2014), se produjeron: (a) reducción progresiva del pie de fuerza en determinadas capacidades, (b) restricciones presupuestales y desgaste operacional, (c) presión judicial intensa sobre mandos, (d) cuestionamiento político ideológico del uso legítimo de la fuerza, que afecta la iniciativa y la moral de la tropa trayendo como resultado: un reequilibrio desfavorable en corredores críticos de narcotráfico, en zonas de frontera y en áreas urbanas donde confluyen bandas y redes transnacionales, aspectos que se fortalecen aún más en el contexto de Paz Total del actual gobierno. Está plenamente comprobado, que en los Estados fronterizos con Venezuela, operan los grupos narcoterroristas de la FARC (disidencias) y el ELN con beneplácito de las autoridades venezolanas, lo que ha dificultado la acción de las tropas colombianas”, detalla el informe.

Plano internacional

En el plano internacional, el informe detalla el deterioro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, asociado al aumento récord de cultivos ilícitos y a los cambios en la política antidrogas.

Según el análisis, esta situación ha incrementado la presión diplomática y el riesgo de sanciones, afectando la cooperación en seguridad y defensa. Ejemplo de ellos, habría sido la descertificación a Colombia en 2025.

De cara al futuro, el DAE plantea tres escenarios para el periodo 2026–2030. El más crítico advierte que, si no se hacen correcciones estructurales, Colombia podría enfrentar la consolidación de un “narco-conflicto”, con mayor captura territorial, cooptación institucional y debilitamiento de la soberanía estatal.