Tribunal ordenó al Gobierno implementar medidas para reducir impacto de la pesca incidental

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo de primera instancia, le ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), implementar medidas para prevenir el impacto ambiental que genera la pesca incidental sobre las especies protegidas en el Caribe y el Pacífico colombiano.

En una sentencia de 99 páginas, la Sección Primera del Tribunal consideró que los controles sobre la pesca industrial son insuficientes, por lo que representan un riesgo para la biodiversidad marina y, por ello, aplicó el principio de precaución para salvaguardar los derechos colectivos a disfrutar de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de especies animales y vegetales.

La decisión judicial se dio en el marco de una acción popular interpuesta por Luis Domingo Maldonado, quien alertó sobre la captura accidental de tortugas marinas, aves y peces vulnerables.

Aunque los magistrados señalaron que no hay evidencia que demuestre un daño ambiental masivo en Colombia, precisaron que las entidades del Gobierno Nacional tampoco presentaron un plan de control efectivo sobre el impacto real de la pesca industrial.

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Debido a esto, ordenaron que en un plazo de cinco meses se deberá presentar un paquete de medidas concretas que protejan la biodiversidad marina.

“Como consecuencia de la anterior declaración, ordénase al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura-AUNAP, en coordinación con el Comité Nacional de Cogestión para las Capturas Incidentales en Colombia, que, dentro del marco de sus competencias, en el término de cinco (5) meses a partir de la ejecutoria de esta providencia, con el fin de prevenir el daño a la biodiversidad que puede ocasionar la pesca incidental sobre especies protegidas, adelanten un programa de monitoreo y control en el Caribe y el Pacífico colombiano, en el cual se adelanten actividades concretas, idóneas y necesarias con el fin de establecer estrategias de prevención y control”, se lee en la decisión judicial.

Además, los magistrados ordenaron:

• Modificar artes de pesca con el uso de anzuelos circulares, cambio en su tamaño, empleo de pesos y cintas espantapájaros, y eliminación de guayas.
• Medidas operacionales consistentes en profundizar los anzuelos, cierres espaciales y temporales, pesca nocturna, uso obligatorio de kits para liberar fauna capturada y capacitación de las tripulaciones.
• Monitoreo y control con observadores a bordo, reportes de bycatch, límites para capturas accidentales y certificaciones de pesca sostenible.
• Reportes obligatorios de captura de fauna acompañante para ajustar medidas adaptativas.
• Límites de captura incidental. Establecer umbrales máximos para especies vulnerables (tortugas, aves y peces), una vez se hayan implementado medidas de tecnología de pesca.
• Incentivos para la adopción de prácticas responsables de pesca. Certificaciones de pesca sostenible, preferencia de mercado. En este se incluye a todos los actores que interactúan en la actividad pesquera (desde la pesquería que extrae el producto y la empresa que lo comercializa hasta el consumidor final).

Para verificar el cumplimiento de la sentencia, el Tribunal ordenó la creación de un comité de verificación, liderado por la Procuraduría General de la Nación, que deberá entregar informes a los magistrados de la Sección Primera de manera trimestral.