Imputan cargos por presunto direccionamiento de un contrato al alcalde de San Antonio, Tolima
El alcalde José Dayler Lasso, al parecer, habría superado el tope de mínima cuantía previsto para adquirir equipos de maquinaria amarilla.
Tolima
La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato suscrito para la compra de llantas de una motoniveladora.
Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Asimismo, fueron judicializados en calidad de intervinientes los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando el mandatario municipal y el secretario de Planeación, al parecer, se interesaron en favorecer a un consorcio contratista conformado por Durán Briñez y Zambrano Hernández, para contratar repuestos de maquinaria pesada por un valor superior a los 33 millones de pesos, pese a que la norma solo permitía contratar hasta $29.978.789 bajo la modalidad de mínima cuantía.
Según la Fiscalía, las pruebas indican que la propuesta comercial, con cotizaciones irregulares, que habría sido elaborada por el secretario de Planeación y entregada a los contratistas, era superior a otras dos propuestas presentadas, las cuales sí se ajustaban al costo real del mercado.
“La Fiscalía evidenció que los valores de las cotizaciones habrían sido modificados; además, una de las firmas no correspondía con la del proponente, quien tampoco presentó dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio”, señaló el ente acusador.
El alcalde, encargado de realizar la invitación pública para el contrato de mínima cuantía, presuntamente utilizó las cotizaciones adulteradas para adelantar todo el proceso contractual, que finalmente fue adjudicado al consorcio en mención.
Por su parte, Durán Briñez ejerció el rol de representante legal del consorcio y, como tal, firmó todos los actos contractuales y precontractuales, mientras que Zambrano Hernández, entre otras actividades, fue el encargado de aportar documentos que sustentaron la supuesta experiencia del consorcio para proveer los elementos requeridos por la administración municipal.
Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía Seccional Tolima.