Defensoría exige acciones inmediatas tras atentado en centro carcelario de Barranquilla
De acuerdo con el organismo, el ataque “no es un evento aislado”.
Penitenciaría El Bosque. Foto: Caracol Radio.
La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado registrado el lunes 2 de febrero contra el cuerpo de vigilancia y custodia de la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, hecho en el que resultaron heridos dos custodios del centro de reclusión, y reiteró un llamado urgente al Estado para atender la violencia que afecta al sistema penitenciario y carcelario del país.
De acuerdo con el organismo, el ataque “no es un evento aislado”, sino que evidencia “la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario”, en medio de una cadena persistente de violencias que ha afectado de manera sistemática a funcionarios del INPEC y a sus familias.
Ataques reiterados contra funcionarios del INPEC
La Defensoría recordó que esta situación se suma a otros hechos ocurridos en distintas regiones del país, entre ellos el atentado registrado el pasado 13 de enero en Neiva, Huila, donde fue asesinado el hijo del director de un centro carcelario, un niño de 11 años, así como la posterior muerte del subdirector del mismo establecimiento.
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También mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados contra funcionarios del INPEC en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena, hechos que “han cobrado la vida e integridad de dragoneantes y servidores administrativos”.
Fallas estructurales en seguridad y prevención
Para la Defensoría, la persistencia de estos atentados pone en evidencia “fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario”, y advirtió que los funcionarios continúan expuestos de forma permanente a amenazas y retaliaciones, sin respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad.
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Finalmente, el organismo instó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas de protección para los funcionarios y sus familias, a revisar las condiciones laborales del personal de custodia y a reforzar la seguridad en los establecimientos de reclusión.
La Defensoría también, pidió a la Fiscalía General de la Nación “adelantar investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables”, reiterando que no es posible hablar de un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos sin garantizar la seguridad de quienes lo integran.