Defensoria celebra la exigencia de respuestas urgentes por crisis humanitaria en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo destacó la decisión de la Corte Constitucional de expedir el Auto 002 de 2026, mediante el cual ordenan a las autoridades nacionales y territoriales informar y rendir cuentas sobre las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la Defensoría, la ATI 017 de 2025 alertó sobre la configuración de dos graves escenarios de riesgo:

1. La intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc, específicamente el Frente 33 “Mariscal Antonio José de Sucre” del Bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”.
2. La consolidación del control territorial del ELN, mediante la imposición de normas de conducta, la regulación de la movilidad y el control de la vida comunitaria.

Durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, la Defensoría documentó un recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, acompañado de una crisis humanitaria.

Los corregimientos de Pachelli, Angalia y Las Palmeras (kilómetros 14 y 16) en Tibú, así como Filogringo, en el municipio de El Tarra, fueron escenario de desplazamientos forzados, confinamientos, uso de drones, presencia de artefactos explosivos y otras graves afectaciones a la población civil.

La entidad advirtió que estos hechos ya habían sido señalados en la Alerta Temprana y que, ante su materialización, informó al Ministerio del Interior el 31 de diciembre de 2025, exhortando a las autoridades a implementar de manera inmediata el plan de acción recomendado para mitigar los riesgos.

Las afectaciones fueron constatadas directamente por la Defensoría del Pueblo durante una misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero de 2026 en el Catatumbo, en articulación con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en el marco de una Comisión Humanitaria.

En este contexto, la Defensoría resaltó el alcance del Auto 002 de 2026, mediante el cual la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra informar sobre los planes de respuesta adoptados para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales frente a los riesgos advertidos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pide al Gobierno nacional dar pleno cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.