Radican denuncia contra Petro por gastar $10.000 millones del Estado para salir de la lista Clinton
La denuncia fue radicada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Comisión de Acusación e Investigación archivó 16 procesos en contra del presidente Gustavo Petro
El abogado Josías Fiesco radicó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalándolo de haber utilizado más de $10.000 millones de recursos públicos para adelantar gestiones encaminadas a ser excluido de la denominada lista Clinton (OFAC).
Según la denuncia, el dinero habría sido utilizado a través de un contrato del DAPRE firmado en enero de 2026 con una firma internacional de abogados, con el objetivo de asesorar y defender jurídicamente al mandatario frente a sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras, un asunto que según el denunciante, tendría carácter personal y no institucional.
El documento sostiene que el propio presidente reconoció públicamente en la red social X que esos servicios, que inicialmente se anunciaron como gratuitos, terminaron costándole al Estado cerca de 10 mil millones de pesos, lo que habría derivado en un presunto detrimento patrimonial.
Sobre este hecho, la Procuraduría General de la Nación ya abrió indagación previa.
“El Estado no es su banco personal”, advirtió el demandante Josías Fiesco, quien pidió que se investigue al jefe de Estado por el delito de peculado por apropiación y que, de encontrarse mérito, se avance incluso hacia un juicio político en el Senado.
Cabe indicar, que el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) respaldó el proceso de contratación para defender al presidente Gustavo Petro tras su inclusión junto con su esposa, hijo y ministro del Interior en la Lista Clinton, y dijo que “no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales” ni que tuviera como objeto “la defensa personal del presidente de la República ni de ningún funcionario en particular”.
El contrato entre Presidencia y la firma de abogados se firmó el 9 de enero de este año por contratación directa, con ejecución hasta el 30 de abril de 2026. Su valor será de 10 mil millones de pesos, con cargo al Presupuesto General.
