La CIDH denunció que en Venezuela siguen operando “centros clandestinos de detención”
La situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
Bandera de Venezuela. Foto: Getty Images / Kutay Tanir
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando “centros de detención clandestinos”, informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.
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“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva” declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.
A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
La relatora indicó que según las informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.
“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está liberando a los presos políticos”, añadió la relatora del organismo autónomo.
Pero Venezuela sigue bajo el “estado de conmoción exterior” decretado el 3 de enero, tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico.
“La Comisión reitera su solicitud de información detallada y actualizada” sobre la aplicación de ese decreto, “particularmente respecto del número de personas detenidas en virtud de esta disposición legal y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”.
La presión estadounidense tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta antes de asumir el cargo, llevó al gobierno a acordar esa liberación de presos, que familiares y grupos de defensa de derechos humanos en el país denuncian que está siendo demasiado lenta.
El Consejo Permanente de la OEA pidió el informe a la CIDH, órgano autónomo, ante el vuelco político en el país sudamericano.