Comunidad del barrio Las Ferias rechaza creación de un Centro de Protección y Traslado en su sector
El líder comunal Michel Sánchez denuncia el incumplimiento de promesas gubernamentales y advierte sobre el impacto que tendría el proyecto en la seguridad y el entorno escolar del barrio.
Ibagué
La comunidad del barrio Las Ferias ha manifestado su rotundo rechazo a la iniciativa de la administración municipal de convertir una antigua escuela en un Centro de Protección y Traslado (CPT). Michel Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostiene que dicho predio fue donado originalmente para el beneficio exclusivo de los habitantes del sector y que la alcaldía está procediendo sin una socialización adecuada con los vecinos. La implementación del centro implicaría el traslado de la población actualmente ubicada en la “permanente” de la calle 21, situación que ha generado alarma entre los residentes.
La principal preocupación radica en el perfil de las personas que serían remitidas a estas instalaciones, entre ellas habitantes de calle y ciudadanos con diagnósticos de esquizofrenia o riesgo de suicidio, provenientes de distintos puntos de la ciudad. Sánchez advierte que el barrio ya enfrenta retos históricos relacionados con la inseguridad y el microtráfico, y teme que la llegada de esta población desborde la capacidad institucional, agravando los conflictos sociales en la zona. Aunque la administración asegura que habrá presencia constante de la Policía, la Personería y la Contraloría, los vecinos consideran que la infraestructura no es apta para este propósito.
El impacto en el entorno urbano es otro punto de fuerte controversia, dado que el centro se ubicaría en una zona residencial consolidada, justo frente a la Iglesia del Sagrado Corazón y a menos de 100 metros de una institución educativa. La proximidad a una escuela activa genera especial inquietud sobre la seguridad de los menores y la tranquilidad de las familias que residen en los alrededores inmediatos del predio. Para la comunidad, resulta contradictorio que un espacio originalmente destinado a la educación se transforme en un centro de reclusión y traslado de personas en condiciones de alta vulnerabilidad.
Finalmente, el líder comunitario hizo un llamado directo a la alcaldesa para que cumpla los compromisos adquiridos durante su campaña, en la que —según afirma— se pactó que el predio quedaría bajo el control de la Junta de Acción Comunal. Sánchez lamentó que la falta de este espacio físico ya haya provocado la cancelación de actividades sociales y deportivas, como las “cardio rumbas”, debido a que las calles del barrio no ofrecen condiciones de seguridad adecuadas por el alto consumo de estupefacientes. La comunidad insiste en recuperar el inmueble para el desarrollo de proyectos culturales que fortalezcan el tejido social, en lugar de agudizar las problemáticas existentes en el sector.
