Más de 500 familias campesinas del Cocuy recuperan la seguridad jurídica sobre sus tierras

Tuvieron que pasar más de dos siglos y medio para que las comunidades campesinas del municipio de El Cocuy, en Boyacá, vieran reconocido un derecho que durante generaciones defendieron desde la memoria colectiva: la propiedad legítima sobre sus tierras.

Gracias a la voluntad política del Gobierno nacional y al trabajo técnico y jurídico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se resolvieron procesos históricos que durante años fueron desconocidos por administraciones anteriores. Hoy, más de 500 familias campesinas cuentan con seguridad jurídica plena sobre sus predios, tras la validación de títulos que se remontan a la época colonial.

El proceso permitió reconstruir un área total de 2.308 hectáreas, correspondientes a 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, ubicados en las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño, en jurisdicción del municipio de El Cocuy.

Para lograrlo, la ANT adelantó un riguroso estudio histórico y normativo que implicó “viajar en el tiempo” hasta los años 1776 y 1809, periodo en el cual la Corona Española realizó visitas oficiales al antiguo resguardo indígena del Cocuy. Según explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, “estos actos no fueron arbitrarios, se desarrollaron conforme a la Recopilación de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754”.

Con base en este marco jurídico y en articulación con la normativa vigente, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, lideró un equipo de profesionales que comprobó que los predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad “salieron legítimamente del dominio del Estado durante el periodo colonial y se incorporaron al régimen de propiedad privada, condición que mantiene plena validez jurídica incluso después de más de 250 años de historia”.

El proceso fue recibido con satisfacción por las comunidades del territorio. Para Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, “las comunidades están muy satisfechas y, tras la movilización campesina realizada en agosto pasado, reconocemos que la Agencia Nacional de Tierras ha sido la entidad que más ha cumplido, trabajando en defensa del campesinado y en la gestión necesaria para encontrar nuevos documentos que brinden tranquilidad y eviten el despojo o desplazamiento de las familias parameras”.

Ballén añadió que entre octubre y noviembre de 2025 se analizaron fuentes históricas originales en el Archivo General de la Nación, entre ellas autos de venta de tierras y documentos asociados a la reedificación de la iglesia.

“Este trabajo se complementó con cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información catastral vigente, ejercicios de georreferenciación y verificación en campo, lo que permitió reconstruir con precisión el polígono exacto del Título Histórico del Cocuy”, señaló.

Este antecedente histórico tiene validez probatoria conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y consolida la seguridad jurídica de más de 500 familias campesinas, aportando claridad al ordenamiento de la propiedad rural y a la defensa del territorio en el departamento de Boyacá.