Venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua exigen garantías a EE. UU. tras su expulsión
Un grupo de 252 venezolanos repatriados solicitó garantías para poder comparecer en una audiencia ordenada por un juez federal, luego de que se determinara que el Gobierno de Donald Trump negó el debido proceso en su deportación.
El grupo de venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, que permanecieron detenidos durante cerca de cuatro meses antes de ser liberados y repatriados, sostuvo que la reciente decisión judicial en Estados Unidos abre una oportunidad para corregir lo que califican como un proceso arbitrario y carente de garantías, además de afirmar que fueron torturados.
Tras su repatriación a Venezuela en julio pasado, los migrantes aseguran que aún enfrentan las consecuencias físicas y psicológicas de su detención y temen que una eventual comparecencia judicial vuelva a poner en riesgo su integridad.
Los migrantes venezolanos, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua fueron expulsados en marzo a El Salvador como producto de la ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada por Trump, que permitió expulsar a estos migrantes de forma expedita, sin presentar evidencias y sin pasar por un juicio.
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Denuncias por detención arbitraria y falta de garantías
La petición fue presentada a través de una carta leída ante la prensa en Caracas, en la que reclaman a las autoridades estadounidenses mecanismos claros que les permitan ejercer su derecho a defensa sin exponerse a nuevas vulneraciones.
“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, señala el documento. También pidieron que se establezcan condiciones de retorno “dignas y apropiadas” y que se revisen los protocolos de deportación y detención para evitar que situaciones similares se repitan con millones de migrantes.
La solicitud se produce luego de que, el lunes, el juez federal James Boasberg determinara que el Gobierno de Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador y ordenara que se les garantice una audiencia judicial. El magistrado dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan que permita a los migrantes regresar a Estados Unidos o, en su defecto, defender su caso ante un juez.
Boasberg también certificó una demanda colectiva, lo que habilita a todos los venezolanos enviados al CECOT en marzo pasado a impugnar su designación como “enemigos extranjeros” de Estados Unidos, una categoría que, según la resolución, fue aplicada sin evaluación individual ni derecho a defensa.
Durante la rueda de prensa en Caracas, varios de los repatriados relataron las condiciones de reclusión en la cárcel salvadoreña. Norberto Aguilar afirmó haber sido golpeado durante su permanencia en el centro penitenciario, mientras que Arturo Suárez destacó las secuelas emocionales que aún enfrenta tras su liberación.
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“Los golpes físicos sanan, pero los mentales no”, afirmó Suárez, quien señaló que, aunque el Gobierno venezolano les ha brindado apoyo psicológico, la reinserción ha sido compleja. “Estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir y para comer”, añadió.
Los migrantes expresaron su expectativa de que la decisión judicial marque un precedente en materia de protección de derechos humanos. “Esperamos que esta resolución sea el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y siente un precedente para la protección de millones de migrantes”, indicaron en la carta.
La repatriación de los venezolanos se concretó tras meses de presión de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, y se produjo en el marco de un intercambio de detenidos entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicolás Maduro. Aunque ahora se encuentran en libertad, los afectados insisten en que el proceso judicial en curso es clave para el reconocimiento formal de las violaciones sufridas y para evitar que prácticas similares se repitan en el futuro.
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