Generales en retiro del Ejército advierten fallas críticas en la JEP tras 7 años de implementación
Alertan sobre la exposición mediática de imputaciones, que, aseguran, debilita la presunción de inocencia de oficiales de alto rango.
Colombia
El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional manifestó su preocupación por lo que considera falencias “críticas” en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a siete años de la implementación del Acuerdo de Paz y de la creación de este sistema de justicia transicional.
Si bien reconocen avances en el esclarecimiento de patrones macrocriminales y en la construcción de escenarios de verdad, los generales en retiro advierten problemas estructurales que, a su juicio, afectan de manera particular a los miembros de la Fuerza Pública, especialmente a los altos mandos.
Entre las principales observaciones señalan el uso de criterios subjetivos en la individualización de sanciones, vacíos normativos en el trámite adversarial, demoras y falta de uniformidad en las decisiones procesales, así como un trato desigual frente a exintegrantes de las FARC.
También alertan sobre la exposición mediática de imputaciones, que, aseguran, debilita la presunción de inocencia de oficiales de alto rango.
Uno de los puntos más críticos mencionados es el uso de patrones de macrocriminalidad no solo como herramienta de investigación, sino como base directa de imputación, lo que, según el Consejo, genera dudas sobre la claridad de las conductas atribuidas y afecta el derecho de defensa y la contradicción probatoria.
Asimismo, cuestionan el procedimiento adversarial aplicado por la JEP. Aunque la Ley 1922 de 2018 remite a las reglas de la Ley 906 de 2004, los generales sostienen que en la práctica se han introducido “mixturas normativas” sin suficiente rigor técnico, lo que debilita garantías fundamentales del debido proceso.
Criticas a la inclusión de la “personalidad del agente”
El pronunciamiento también critica la inclusión de la “personalidad del agente” como criterio para individualizar sanciones, al considerar que abre la puerta a valoraciones subjetivas contrarias al principio de legalidad y al derecho penal de acto.
A esto se suma la reiterada falta de respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por comparecientes de alto rango y sus defensas, situación que, según indican, obliga con frecuencia a recurrir a acciones de tutela.
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Trato de la JEP a los altos mandos
En relación con el tratamiento a los altos mandos, el Consejo de Generales advierte sobre la aplicación de una presunción de responsabilidad basada en la jerarquía y no en pruebas de control efectivo, así como inconsistencias probatorias y variaciones en las cifras de víctimas, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que, afirman, afecta la confianza institucional.
Otro aspecto señalado es el desconocimiento que muchos militares tienen sobre el funcionamiento de la JEP, debido a la complejidad normativa, la falta de pedagogía institucional y la ausencia de lineamientos claros.
A esto se suma lo que califican como improvisación y aprendizaje interno de la Jurisdicción, generando inseguridad jurídica y falta de uniformidad en las decisiones.
Finalmente, los generales en retiro cuestionan el uso de la delación como mecanismo central para escalar imputaciones hacia altos mandos, a partir de testimonios de rangos inferiores, sin una contrastación probatoria suficiente, lo que, a su juicio, debilita la presunción de inocencia y refuerza la percepción de selectividad procesal.
Conclusiones de la crítica a la JEP
En sus conclusiones, el Consejo de Generales de la Reserva advirtió que estas falencias erosionan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la justicia transicional y generan una percepción de persecución contra altos mandos militares.
Por ello, hicieron un llamado a reorientar de manera estructural la labor de la JEP hacia el respeto estricto de los principios constitucionales, la igualdad entre comparecientes y la uniformidad procesal, con el fin de que la justicia transicional contribuya a la paz, la legitimidad institucional y la no repetición, y no a la polarización y la desconfianza.