Consejo de Estado condenó al Ejército por caso de falso positivo en Medellín
Edison Gómez Galeano fue reclutado con una falsa promesa de empleo para luego asesinarlo y presentarlo como baja en un combate en 2007.
Edison Andrés Gómez, víctima de falso positivo. Foto: Cortesía.
Medellín
El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Edison Andrés Gómez Galeano, ocurrida en abril de 2007 en Medellín, y concluyó que la víctima fue presentada falsamente como baja en combate.
La decisión se adoptó tras acoger un recurso extraordinario de revisión, mediante el cual el alto tribunal invalidó una sentencia de marzo de 2023 de la misma corporación y reabrió el caso, al establecer que dicha decisión desconoció pruebas nuevas que demostraban la existencia de un falso positivo.
Detalles de la investigación
Inicialmente, en 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda presentada por el abogado de la familia de la víctima, Javier Villegas Posada, al considerar que los militares actuaron en legítima defensa durante una operación militar. Esa decisión fue apelada, pero en segunda instancia el Consejo de Estado confirmó el fallo al señalar que no se había probado un montaje ni la ejecución extrajudicial.
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Sin embargo, el abogado expuso que se interpuso un recurso extraordinario de revisión, mecanismo excepcional que permite reabrir procesos con sentencia en firme cuando existen vicios graves que afectan la justicia material.
La reapertura del proceso fue posible tras la incorporación de una prueba proveniente de la Jurisdicción Especial para la Paz: la declaración del sargento viceprimero retirado William Darley Ospina García, quien confesó que Gómez Galeano fue reclutado con una falsa promesa de empleo, trasladado en un vehículo oficial, asesinado en estado de indefensión y presentado como resultado operacional, además de admitir la manipulación de la escena.
Con base en estas pruebas, el Consejo de Estado desvirtuó la versión de combate, condenó al Ejército a indemnizar a los familiares y ordenó medidas de reparación integral, entre ellas una rectificación pública por parte del Ministerio de Defensa y el envío de la sentencia a entidades de memoria histórica.
