Fundación para el Estado de Derecho: tres años defendiendo las reglas del juego en Colombia
Con más de 230 litigios estratégicos, un sistema de monitoreo legislativo único y herramientas como el Semáforo del Estado de Derecho, la Fundación para el Estado de Derecho (FEde) se ha convertido en uno de los actores más influyentes en la defensa institucional del país.
La Fundación ha interpuesto más de 230 litigios estratégicos para proteger el orden constitucional en solo tres años. | Foto: cortesía - Fundación para el Estado de Derecho
Cuando un grupo de profesionales empezó a conversar en 2020 sobre el desgaste del sistema político y la pérdida de legitimidad institucional tras el estallido social, no sabían que estaban sentando las bases de lo que sería la Fundación para el Estado de Derecho. La preocupación por el avance del populismo, el el estallido socialy por decisiones gubernamentales que, en su criterio, desconocían la legalidad llevó a transformar ese pequeño círculo en una organización con una misión clara: proteger el imperio de la ley y las libertades democráticas.
Para Andrés Caro, cofundador, el propósito se explica con una metáfora sencilla: FEde es “ese niño que detiene el partido para recordar que hay fuera de lugar”. Una forma directa de resumir la tarea que hoy realizan en escenarios judiciales, legislativos y de opinión pública.
Litigio estratégico: intervenir cuando la legalidad está en riesgo
Desde finales de 2022, FEde decidió que la vía judicial sería su principal herramienta para defender el orden jurídico. Según Luis Guillermo Vélez Cabrera, cofundador y presidente de la junta directiva. “En los últimos tres años hemos adelantado más de 230 acciones públicas de diversa naturaleza en defensa del estado de derecho y del régimen constitucional. Nuestros resultados, como es natural, dependen de los tiempos de la justicia, pero aun así hemos obtenido fallos favorables en más del 82% de las decisiones”.
Entre los casos más relevantes están: la acción que obligó al Estado a pagar subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3 por $2,5 billones de pesos, garantizando el acceso al servicio para hogares vulnerables y la presión jurídica que llevó a la creación de alertas tempranas para prevenir la violencia sexual en la infancia.
FEde opera bajo tres reglas invariables: no recibe dinero para litigar, no representa intereses particulares y no actúa en nombre de terceros. Su objetivo es que la defensa judicial no responda a motivaciones privadas, sino al ordenamiento constitucional.
Advertir antes que demandar: una apuesta por la corrección voluntaria
Aunque son reconocidos por sus litigios, en FEde insisten en que la primera opción no es demandar. Ana María Moncada, consultora líder del equipo jurídico, explica que antes de acudir a los jueces envían requerimientos y advertencias formales a autoridades nacionales y territoriales para que corrijan posibles irregularidades.
“Lo ideal es que las instituciones actúen conforme a la ley sin intervención judicial”, asegura. Solo si estos esfuerzos fracasan —y la autoridad no rectifica—, la Fundación activa una acción pública.
Además del litigio, la Fundación cuenta con un equipo especializado en seguimiento legislativo y regulatorio. Vélez se refiere a ellos como “cazamicos”: profesionales que alertan sobre proyectos de ley, reformas o regulaciones que puedan afectar la separación de poderes, la libertad de empresa, la propiedad privada o el funcionamiento básico del Estado.
Este monitoreo constante ha permitido identificar riesgos institucionales ocultos en iniciativas que, a primera vista, podrían pasar inadvertidas para la ciudadanía.
Una de las iniciativas más reconocidas de la Fundación es el Semáforo del Estado de Derecho, propuesto por la cofundadora Laura Arboleda y desarrollado en alianza con Open Society.
La herramienta analiza proyectos de regulación y ofrece a ministros, congresistas, medios de comunicación y actores públicos un documento con argumentos jurídicos sobre la conveniencia o inconveniencia de cada medida.
El objetivo, explica Caro, es claro: evitar que las decisiones institucionales vulneren la Constitución antes de que sea necesario litigar.
Una organización que crece con convicción y rigor
Caro describe a FEde con cinco palabras: convicción, sinceridad, rigor, arrojo y una actitud “pendenciera” cuando se trata de defender las reglas. Ese estilo franco y directo le ha permitido consolidar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales como National Endowment for Democracy, Transparencia por Colombia y ProAntioquia.
El trabajo de la Fundación se centra en principios que consideran hoy en riesgo: las libertades individuales, la autonomía territorial, la seguridad pública, la separación de poderes y la vigencia plena de las instituciones democráticas.
Moncada lo resume así: “Estamos protegiendo libertades que se creían consolidadas, pero que hoy enfrentan amenazas reales”.
Caro cita una frase que aparecía en las pantallas de Nintendo antes de terminar un juego: “Everything not safe will be lost”. Para él, esa idea sintetiza la urgencia de su trabajo: lo que no se defiende, se pierde.
Su compromiso, dicen sus integrantes, es continuar protegiendo las reglas que sostienen la vida en común, incluso cuando sus advertencias incomoden a todos, exactamente como debe hacerlo una institución vigilante del Estado de derecho.