Superintendencia de Industria negó petición de Sergio Fajardo de bloquear video en Tik Tok
El precandidato presidencial solicitó que se bloqueara temporalmente un vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok @elcontralorcol, ya que aseguraba que el video usaba su imagen su voz y su nombre sin autorización
La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó la petición presentada el 4 de noviembre de 2025 por el precandidato presidencial, Sergio Fajardo.
Fajardo solicitó que se bloqueara temporalmente un vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok @elcontralorcol, la cual era gestionada por el excontralor y también precandidato presidencial, Felipe Córdoba, afirmando que el video usaba su imagen su voz y su nombre sin autorización.
Fajardo afirmó que el video hacía parte de una “campaña sostenida de desinformación”, que empezó durante las elecciones de 2022. Además, que este contenido habría afectado su reputación, confundido a la ciudadanía y vulnerado sus derechos fundamentales.
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La Superintendencia determinó que no cumplía con el criterio
Después de examinar los requisitos de la Ley 1581 de 2012, la SIC concluyó que la solicitud no cumplía con el criterio de aplicación. La entidad explicó que, en general, las cuentas personales en redes sociales no se consideran bases de datos reguladas por esta ley.
La entidad agregó que el contenido del video podría estar protegido por la libertad de expresión y de información, “especialmente porque trata temas de debate público, y menciona a personajes con proyección política, como Sergio Fajardo y Felipe Córdoba”.
“La ley 1581 de 2012no fue creada para regular publicaciones ocasionales de información personal en redes sociales, ni para restringir contenidos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, incluso si incluyen imágenes, nombres o referencias a figuras públicas", agregaron desde la Superintendencia.
La entidad también recordó que los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados, y no a través de los procedimientos administrativos de protección de datos personales.
