¿Qué pasará con las temporales de empleo en Colombia? Esto dice decreto que prepara el Gobierno

Las empresas de servicios temporales en Colombia y quienes se benefician de esta modalidad, viven momento de incertidumbre debido a un decreto que ha despertado críticas en el gremio. El proyecto que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro incluye importantes limitaciones a este tipo de empresas, que afectarían el flujo habitual de contratación en las mismas.

Así lo señalaron desde Acoset, el gremio de las empresas de servicios temporales (EST), cuyo presidente, Miguel Pérez García, criticó directamente esta iniciativa, afirmando que dichas compañías “generan empleo con todas las garantías de ley”.

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Según detalló García a Asuntos Legales, estas limitaciones a las EST podrían afectar al empleo formal, dejando en riesgo hasta 50.000 empleos temporales en una época de constante flujo como la Navidad. Además, las proyecciones de Acoset indican que hasta 500.000 puestos temporales se verían afectados a lo largo del año.

¿Qué dice el decreto que prepara el Gobierno?

Entre las disposiciones más polémicas que incluye el decreto del Gobierno, impulsado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se encuentren las siguientes:

• Tope del 10 %: las empresas que contratan trabajadores a partir de temporales solo podrán tener un 10 % de su misión en dicha modalidad. Así las cosas, si una compañía cuenta con 100 empleados, solo 10 podrán ser personal temporal.
• Freno a la rotación: al culminar el tiempo de la misión temporal, la empresa no podrá cambiar el trabajador o la misma función a otra temporal. De esta manera, ante necesidades permanentes se espera que las empresas contraten de manera directa.

¿Qué pasa con las empresas que incumplan el decreto?

Como destaca Portafolio, el documento incluye determinaciones de inspección laboral según las cuales se podrá exigir la vinculación directa a las empresas, así como la suspensión de actividades y terminación de contratos si se determina alguna ilegalidad.

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En ese sentido, se contempla la imposición de multas que podrían llegar hasta a los 5.000 salarios mínimos, las cuales podrían aumentar de monto en caso de que se compruebe que la empresa ha recaído constantemente en las mismas prácticas.

Aunque todavía no se trata de una disposición en vigencia, sino de un borrador, los expertos y agremiados han mostrado su desaprobación a las medidas, como parte de un pulso que ha sido constante entre el Gobierno y el empresariado.