JEP evalúa posible incumplimiento del régimen de condicionalidad del exgeneral Mauricio Santoyo
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizará si el general en retiro ha aportado suficiente verdad sobre crímenes cometidos durante su mando en el Gaula de Antioquia.
El próximo lunes regresa a Colombia el general Mauricio Santoyo
JUDICIAL
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó para el 20 y 21 de noviembre una audiencia pública para determinar si el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco incumplió el régimen de condicionalidad que le exige aportar verdad y contribuir a la reparación de las víctimas.
El incidente de incumplimiento contra Santoyo fue abierto en marzo de este año, luego de que la JEP analizara sus aportes sobre hechos ocurridos cuando comandó el Gaula en Antioquia entre 1997 y 2001. En particular, la Jurisdicción busca esclarecer su responsabilidad en la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida en octubre de 2000 en Medellín.
La Sala determinará si el compareciente ha cumplido sus compromisos asumidos en materia de verdad y reparación de las víctimas. Además, se admitió como prueba sobreviniente la documentación presentada por la defensa que acredita la participación de Santoyo en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). La jurisdicción solicitó a esta entidad informar si dichas contribuciones fueron satisfactorias.
La JEP aclaró que la admisión de esta prueba “no significa reabrir o extender el período de pruebas sino que, de manera excepcional, se pueden incorporar pruebas nuevas fuera del tiempo establecido, únicamente cuando sean indispensables para resolver el caso”.
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De manera complementaria, para la audiencia, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) elaborará un informe sobre la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales en Medellín entre 1999 y 2001. La finalidad de este informe para la JEP es contrastar la información entregada por el compareciente.
En la audiencia participarán: Santoyo Velasco y su defensa; Adriana Patricia Quintero Úsuga (la víctima reconocida) y su representación judicial; y el Ministerio Público. De acuerdo con la JEP, “con esta decisión, se reafirma su compromiso de hacer seguimiento estricto al cumplimiento del régimen de condicionalidad como garantía de protección de los derechos de las víctimas”.