Alerta por inseguridad jurídica en el manejo de datos personales en Norte de Santander
Fraudes, suplantaciones y venta de bases de datos evidencian la débil protección de la información de los ciudadanos.
Norte de Santander.
La sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a una empresa de telecomunicaciones volvió a evidenciar un problema de fondo: la falta de control en el manejo de los datos personales en Colombia.
El abogado y docente universitario Carlos Peñaranda, especialista en Derecho Comercial, advirtió en diálogo con Caracol Radio que el país enfrenta una “inseguridad jurídica” en esta materia, pues muchas compañías no cumplen con los protocolos de protección exigidos por la Ley 1581 de 2012, norma que garantiza la reserva y el uso adecuado de la información personal.
“Se venden bases de datos, se facilitan a terceros y con eso se cometen fraudes todos los días. Los datos personales se convirtieron en una moneda de cambio”, señaló Peñaranda.
El abogado explicó que, en la práctica, los ciudadanos son víctimas de delitos derivados del uso indebido de su información: créditos no solicitados, cobros de servicios inexistentes y demandas por contratos que nunca firmaron.
Estas situaciones, asegura, revelan el riesgo de entregar documentos o copias de identificación sin los debidos controles.
“Después de la pandemia y con la virtualidad, aumentaron los fraudes. Hoy uno debe tener cuidado hasta al entregar una fotocopia de la cédula, porque con eso pueden hacer trámites o créditos a su nombre”, añadió.
Ante este panorama, Peñaranda recomienda a los usuarios presentar primero una reclamación directa ante la empresa implicada, amparados en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).
Si no hay respuesta, el paso siguiente es acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de investigar y sancionar este tipo de conductas.
El especialista destacó que decisiones como la reciente sanción de la Superindustria deben interpretarse como una advertencia para las compañías que manejan información personal.
“Es un llamado de atención. Las empresas deben entender que tratar los datos de los ciudadanos sin autorización tiene consecuencias legales y económicas. La protección de la información no es opcional”, concluyó.