Fiscalía revela pruebas de desvío de recursos y encubrimiento en alcaldía de Daniel Quintero
En el caso Bomberos de Itagüí, la Fiscalía expuso audios, testimonios y documentos que muestran cómo se direccionaron contratos, se falsificaron firmas y se intentó manipular la investigación.
Medellín, Antioquia
En una nueva audiencia del proceso contra Yaneth Rúa García, exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y los exrepresentantes legales de los Bomberos de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, la Fiscalía General de la Nación reveló pruebas que dan cuenta de una compleja red de apropiación indebida de recursos públicos durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle.
Según el ente acusador, al menos 2.481 millones de pesos de seis contratos por $17.654 millones terminaron en manos de terceros y en la campaña política de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022 por Cambio Radical.
Contratos direccionados y audios reveladores
La Fiscalía presentó un audio en el que la supervisora del contrato, Yaneth Rúa, le explica a un contratista cómo facturar servicios a mayor precio para quedarse con parte de los recursos. Allí se menciona expresamente la práctica de inflar valores de refrigerios, auditorios y souvenirs para obtener rentabilidad ilegal.
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En otro de los apartes, interceptaciones telefónicas muestran al tesorero de Bomberos de Itagüí preocupado porque la Policía Judicial estaba recopilando documentación y “no iban a tener tiempo de maquillarla”. El fiscal reveló además que los procesados habrían citado a unas 15 personas en una oficina para darles instrucciones sobre qué responder en caso de ser interrogadas por las autoridades.
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Falsificación de firmas y cobros inexistentes
Un testigo que aparecía como proveedor de transporte en 2020, con una factura por 120 millones de pesos, declaró ante la Fiscalía que nunca prestó ese servicio porque en esa época no se encontraba en Colombia. Aportó pruebas de su salida del país y denunció la falsificación de su firma.
El ente acusador también detalló cobros por servicios que no se ejecutaron, entre ellos transporte no prestado, recargas de celulares ficticias y bienes no suministrados. La suma total del presunto peculado asciende a 2.481.150.102 pesos, bajo la modalidad de sobrecostos y facturación de ítems inexistentes.
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Señalamientos a actores políticos
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que este entramado no se limitó a funcionarios de segundo nivel. El testimonio de un colaborador cercano a Cadavid en su campaña señaló que Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, y Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana, fueron quienes habrían direccionado los contratos y negociado las presuntas coimas, que alcanzarían los 3.200 millones de pesos.
Además, el fiscal mencionó que el proceso involucra a otros políticos y exfuncionarios del AMVA, entre ellos Juan David Palacio Cardona, exdirector de la entidad; Ana María Roldán Ortiz y Diana Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales. También apareció el nombre del exconcejal Lucas Cañas Jaramillo, quien lideró la coalición de Quintero, quien habría recibido dineros de contratos con Emvarias, hecho que negó el exconcejal en conversación con Caracol Radio.
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La tía de Misael Cadavid: contratista y financiadora de su campaña
Uno de los elementos más reveladores expuestos por la Fiscalía en el caso de presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí es la participación directa de un familiar del hoy imputado Misael Cadavid Jaramillo. De acuerdo con el fiscal del caso, Cadavid subcontrató a su propia tía para la adquisición de kits de bioseguridad en el marco de los convenios objeto de investigación. La Fiscalía sostiene que esta persona, luego de beneficiarse con dineros públicos mediante esos contratos, apareció como donante de la campaña política de Cadavid a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical en el año 2022.
El ente investigador advierte que este patrón refleja una posible triangulación de recursos públicos con fines electorales, ya que varios de los elementos contratados no tendrían soportes de ejecución, y en muchos casos presentaban sobrecostos injustificados. Además, según el testimonio de un testigo, el cuerpo de bomberos cambió de representante legal durante el período electoral, siendo designado Elkin González, también imputado, para mantener bajo control la operación institucional mientras Cadavid concentraba sus esfuerzos en su campaña política.
Con este caso, ya son ocho procesos en etapa de imputación y acusación, con 47 implicados, por presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero. La Fiscalía asegura que existe un patrón que conecta a contratistas, funcionarios y dirigentes políticos en prácticas de direccionamiento, sobrecostos y desvío de recursos públicos.
El fiscal del caso anticipó que en los próximos días se producirán tres nuevas capturas y nuevas imputaciones a exdirectivos del Área Metropolitana y de los Bomberos de Itagüí.