Cartagena

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, participó en el Congreso de Confecámaras 2025 en Cartagena, desde donde hizo una reflexión sobre la importancia en la construcción de confianza en las instituciones e hizo un fuerte llamado sobre la importancia de no polarizar los informes y advertencias publicados por la Contraloría.

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Sobre la construcción de confianza, el Contralor General aseguró que esta se construye con instituciones sólidas, transparentes, técnicas y cercanas, que velen por la correcta gestión de los recursos públicos y la protección de los derechos fundamentales.

“Cuando lo público se administra mal, no se trata solo de un error administrativo: una obra mal planeada o una obra mal ejecutada, significa un hospital que no abre, un colegio vacío, una familia que sigue esperando un techo digno, comunidades sin agua potable, energía, conectividad e incluso el aumento de la informalidad económica en las ciudades y el campo”, señaló el Contralor Rodríguez refiriéndose a que la confianza no se recupera únicamente con sanciones, la confianza se consolida cuando el control fiscal se convierte en soluciones tangibles para la ciudadanía.

Sobre esto se destaca que, desde el segundo semestre del año 2022, se han recuperado recursos, en procesos de responsabilidad fiscal, en materia de cobro coactivo y resarcimiento del daño por más de $3.6 billones, una cifra histórica de recursos que han sido girados al Tesoro Nacional. También, se han consolidado más de 4.500 hallazgos, con presunta incidencia fiscal por más de $14 billones, además de hallazgos con presuntas incidencias penales y disciplinarias, ya trasladados a las autoridades competentes.

La Contraloría General, a través de la DIARI, la Delegada de Participación Ciudadana y las Delegadas Sectoriales, a logrado más de $13.5 billones en beneficios tangibles para la comunidad, con estrategias como “Salvando Obras” y los seguimientos especiales, que permitieron que con nuestras oportunas intervenciones se materializaran en hospitales, colegios, acueductos, saneamiento básico, conectividad y vías, entre otros.

También se construye confianza trabajando articuladamente con otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, un ejemplo de esto es actualmente nuestro compromiso de velar por unas elecciones seguras en todo el país, en el marco del Plan Democracia, en el cual en el marco de nuestras competencias ejerceremos con rigor e independencia la vigilancia de los recursos públicos destinados a los procesos electorales.

Por último, el Contralor General hizo un fuerte llamado sobre la responsabilidad de la construcción de la confianza y resaltó que “los informes de la Contraloría son netamente técnicos y no se puede caer en el juego de utilizar una parte de las cifras para conveniencias particulares, los informes hay que analizarlos en su totalidad y no politizarlos e instrumentalizarlos. Puedo decir con total firmeza que la Contraloría General de la República basa sus informes y advertencias en hechos y datos construidos técnicamente y que en ningún momento hace parte de la polarización que se presenta en el país”.

Vigilancia a Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercio administran anualmente alrededor de $1.2 billones de recursos públicos y estos se concentran en un 58% en las cámaras de comercio de Bogotá (con el 35%), Medellín (con el 13%), Cali (con el 6%) y Barranquilla (con el 4%), el 42% restante de los recursos lo reciben las restantes 54 cámaras de comercio, quedando en evidencia la debilidad que presentan algunas de ellas en su estructura financiera y las dificultades para fortalecer el tejido empresarial en sus regiones.

En los últimos tres años, la Contraloría General ha auditado a 49 de las 58 Cámaras, lo que corresponde a una cobertura del 84%, donde se han determinado 39 hallazgos fiscales por más de $5.157 millones y beneficios de auditoría por valor de $769 millones.

Los principales hallazgos encontrados en las Cámaras de Comercio se refieren a:

• Uso de recursos públicos en la adquisición de edificaciones, sin la anotación pertinente en el registro de instrumentos públicos.

• Mantenimiento de edificaciones o pago de impuesto predial en bienes de propiedad privada.

• Uso de recursos públicos en actividades que no tienen conexidad con las funciones públicas asignadas a las cámaras de comercio.