Asesinato de Miguel Uribe reveló fragilidad en esquemas de la UNP para la oposición: Procuraduría
El Ministerio Público presentó el informe anual sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso de la República.
JUSTICIA
La Procuraduría General radicó ante el Congreso de la República el Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz. Este documento constituye un balance integral de los avances y dificultades en la implementación, a pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo.
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En uno de los apartados, el Ministerio Público analiza el capítulo de participación política para los integrantes de la oposición y encontró serias falencias en los esquemas de seguridad.
En ese sentido señaló el Ministerio Público que hay vacíos estructurales como resultado de la información fragmentada e incompleta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía.
Esta información carece de variables clave como la afiliación política, la pertenencia étnica o el tipo de medida adoptada, lo que dificulta una evaluación precisa de los riesgos que enfrentan los miembros de la oposición.
Falta de implementación de un programa específico
Además, la Procuraduría identificó la ausencia de avances verificables hacia la implementación de un programa de protección específico establecido por la normativa vigente.
“Si bien el Decreto 638 de 2025 creó el Programa de Protección Integral (PPI) para el ejercicio de la política, incluyendo a la oposición entre sus beneficiarios, su efectividad se ve limitada por la falta de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección que defina lineamientos operativos, indicadores y mecanismos diferenciados para su ejecución”, explicó el Ministerio Público.
En ese sentido, la organizaciones políticas consultadas reportaron diferentes situaciones.
Algunas señalaron amenazas y problemas en el acceso o mantenimiento de esquemas de protección por parte de la UNP, mientras que otras no requirieron medidas.
“En todos los casos se constató una débil capacidad de seguimiento interno para registrar riesgos y exigir medidas de protección, lo que limita la anticipación institucional y mantiene espacios de vulnerabilidad para sus integrantes”, se lee en el informe entregado al Congreso.
Atentado que cobró la vida de Miguel Uribe
Dice la Procuraduría que uno de los hechos más graves de este año, documentado en el informe entregado al Congreso, fue el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el 07 de junio de 2025, que terminó cobrándole la vida dos meses después.
“Este evento, de alto impacto político y simbólico, evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional”, indicó el Ministerio Público.
Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación en contra de Augusto Rodríguez, director de esa entidad.