Procuraduría no encuentra vicios en nombramiento de primo de ministro Edwin Palma en Air-e
Juan Pablo Nieto fue designado en la gerencia contable de la intervenida empresa de energía.
El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, en Londres, el 24 de abril de 2025. (Foto de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS
JUSTICIA
La Procuraduría General cerró una actuación preventiva relacionada con los nombramientos, la contratación y la gestión de fondos públicos en la intervenida empresa de energía Air-E en el Atlántico.
A groso modo el ente de control determinó que no se encontraron irregularidades que ameriten una remisión disciplinaria.
En concreto, el Ministerio Público evaluó una serie de nombramientos entre esos el que había hecho el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Juan Pablo Nieto, en la gerencia contable de la empresa.
“Se constató un vínculo familiar en cuarto grado de consanguinidad entre directivos, situación que no configura inhabilidad conforme a la “Política de Conflicto de Interés” adoptada por la empresa, ni vulnera disposiciones legales. No obstante, se advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión reputacional“, indica el documento.
Contratación y uso de recursos públicos
La Procuraduría determinó que los contratos suscritos durante el periodo examinado se ajustaron a los manuales internos de contratación.
Se denunció inicialmente sobre la adjudicación de contratos a empresas recién constituidas y sin experiencia en el sector energético, no obstante no se evidenciaron restricciones de antigüedad mínima para los oferentes, siempre que exista correspondencia con su objeto social.
No obstante, el Ministerio Público recomendó reforzar los filtros de verificación de experiencia de nuevos proveedores.
Manejo del fondo empresarial
Se encontró que los desembolsos derivados de los contratos 230 y 231, por un valor total de $148.000 millones, fueron destinados al pago de obligaciones en el mercado de energía mayorista, garantizando la continuidad en la prestación del servicio público esencial.