Defensores de derechos humanos cuestionan sanción de la JEP al secretariado de las Farc
Enrique Pertúz advirtió que las víctimas perciben la decisión como un acto de impunidad.
JEP sentencia con una sanción propia de 8 años a siete exFarc por 21.000 casos de secuestro
Catatumbo.
La sanción restaurativa de ocho años que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al secretariado de las Farc por los crímenes cometidos durante el conflicto armado abrió un debate en el país sobre la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El fallo, que cobija a los antiguos jefes guerrilleros tras reconocer más de 21.000 secuestros, homicidios y otros delitos graves, ha sido cuestionado por sectores sociales que lo consideran insuficiente frente a la magnitud de las violaciones de derechos humanos.
En entrevista con Caracol Radio, Enrique Pertúz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, aseguró que la decisión no genera confianza en las comunidades.
“La sanción ha generado un gran debate porque ocho años frente al número de delitos confesados y que no van a pagar un solo día de cárcel, ha generado más inconformidad que aceptación”, señaló.
El defensor recalcó que, con esta sanción, los exjefes guerrilleros no tienen obligación de seguir confesando hechos violentos.
“Ahí lo que hay es borrón y cuenta nueva. Las víctimas dicen que lo único que queda es esperar la justicia divina, porque ya no hay absolutamente nada que hacer”, afirmó.
Pertúz explicó que las víctimas, tanto en Norte de Santander como en el resto del país, sienten que quedaron sin respuestas completas frente a lo ocurrido durante décadas de violencia. Aseguró que el fallo deja una percepción de impunidad. “Ese es el precio jurídico que se paga en la búsqueda de la paz, pero lo que hoy vemos es impunidad frente a los delitos que cometió esta organización insurgente”, enfatizó.
Recordó además que en Norte de Santander operó el Frente 33 de las Farc, responsable de múltiples hechos que aún esperan esclarecimiento.
“Faltó mucho por decir la verdad frente a delitos graves, no solamente el secuestro, sino la desaparición forzada y los homicidios”, puntualizó.
Finalmente, el defensor sostuvo que este tipo de decisiones marcarán el rumbo de futuras negociaciones con grupos armados, pues difícilmente aceptarían sanciones que impliquen cárcel efectiva.
Para Pertúz, el reto es lograr que la justicia transicional sea percibida como un mecanismo real de verdad y reparación, y no como un camino hacia la impunidad.