Existe preocupación por el nuevo contrato energético en Ecopetrol
La convocatoria cierra el próximo 14 de agosto.
Ecopetrol recibió autorización para crear nueva filial para comercialización de energía. Foto: Colprensa(Thot)
Una nueva tormenta sacude a Ecopetrol. La decisión de abrir una convocatoria para entregar a privados parte del negocio de comercialización de energía ha encendido las alarmas.
La movida, liderada por el nuevo vicepresidente ejecutivo de transición energética, Bayron Triana, pone en riesgo un contrato vigente con Gecelca, empresa pública que ha garantizado estabilidad, tarifas competitivas y aportes por más de $40.000 millones al año.
El anuncio formal, publicado el 31 de julio en la página de Ecopetrol indica lo siguiente:
Ecopetrol S.A. está interesado en recibir manifestación de interés para prestar el Servicio de Comercialización de energía para atender parte del portafolio de la demanda no regulada del Grupo Ecopetrol, en este sentido y con el fin de promover la competencia y contar con la mayor participación de agentes, Ecopetrol distribuirá parte de su demanda no regulada en tres (3) segmentos para atender las fronteras comerciales, así:
- Segmento 1: atención de demanda mensual ~105GWh.
- Segmento 2: atención de demanda mensual ~45GWh.
- Segmento 3: atención de demanda mensual ~20GWh.
El actual acuerdo firmado a diez años, busca garantizar la comercialización de energía atender parte del portafolio de la demanda no regulada. La licitación es superior a los 35 mil millones.
La extraña decisión busca abrir la puerta a empresas privadas más pequeñas, sin el músculo financiero ni la experiencia para ejecutar dicho contrato.
Incluso se habla de una relación cercana entre el vicepresidente Triana y el entorno del presidente de la compañía, lo que aviva las sospechas de un posible direccionamiento de la licitación.
Hay preocupación que se pueda debilitar de manera deliberada a una empresa estatal para entregarle el control a operadores aliados, y se busque bridar beneficios a otros operadores.
Mientras tanto, el reloj corre: la convocatoria se cierra el 14 de agosto. Aun no existe una respuesta por parte del gobierno nacional y no se conoce el aval del ejecutivo que podría golpear las finanzas de una empresa estatal.
