¿Qué delitos le imputan a Álvaro Uribe Vélez? Explicación del caso por el que lo podrían condenar

Este lunes 28 de julio será una fecha definitiva para el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado y ha sido acusado por la Fiscalía de fraude procesal, soborno simple y soborno en la actuación penal. Se espera que ese día la juez Sandra Heredia comparta una decisión frente a la culpabilidad o inocencia del ex primer mandatario.

Ahora bien, para comprender el caso del expresidente Uribe, en Caracol Radio hemos conversado con el profesor y abogado experto en derecho penal Mauricio Márquez, quien explica que aunque este caso inició en 2018, hay hechos que se presentaron en los años previos.

“Entre el año 2011 y 2012, el entonces político presentó una denuncia en contra del senador Iván Cepeda por soborno y fraude procesal, alegando que este último, en su función de miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, visitaba personas que estaban en la cárcel para encontrar testigos que acusaran al entonces expresidente Uribe de ser parte de grupos paramilitares”.

Tras la denuncia, el proceso avanzó hasta la Corte Suprema. Sin embargo, en el año 2018 el alto tribunal tomó la decisión de archivar esa investigación y, según el abogado penalista, se generó una nueva investigación, pero esta vez “en contra del exsenador Uribe, alegando que él era quien estaba presuntamente buscando testigos”.

En esa medida, el docente señala que en este caso puntual la investigación en contra del expresidente Uribe aparece por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de manera oficiosa, en la que compulsó las copias. “Esto al encontrar elementos materiales suficientes para iniciar una investigación en contra de Uribe Vélez, quien estaba buscando presuntamente testigos para declarar a favor de él e indicaran que no tenía vínculos con paramilitares”.

La teoría con la que la Fiscalía acusa a Álvaro Uribe:

En este caso, según el docente de derecho penal de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fiscalía mantiene una teoría en la cual estaría implicado el que fue el abogado de Uribe Vélez, Diego Cadena. “El ente acusador considera que el expresidente determinó o sembró la idea o le dio la idea a su entonces abogado Diego Cadena, para que asistiera a cárceles de Colombia y buscara testigos, específicamente a los señores Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, para que este los convenciera dándoles dádivas o beneficios jurídicos para que a cambio declararan o se retractaran de las acusaciones que le habían hecho previamente”

La relevancia del señor Juan Guillermo Monsalve, se debe a que es el hijo de Óscar Monsalve, reconocido por ser el administrador de la Hacienda Guacharacas, donde surgió un grupo paramilitar. Esa propiedad en ese momento era de la familia Uribe Vélez. Por lo que Juan Guillermo es clave en la investigación y habría señalado a “Uribe y a su hermano que eran gestores o que financiaban grupos paramilitares conocidos como los 12 Apóstoles”.

La teoría de la defensa de Álvaro Uribe:

La supuesta orden habría ocurrido después de la reunión:

Por su parte, la defensa en el caso contra Uribe señala que el expresidente no determinó o no le ordenó a su abogado, en ese entonces Diego Cadena, de participar en esas reuniones y menos para hacer ese tipo de propuestas. “Básicamente, se basa su argumento en que la reunión que se efectuó entre el señor Cadena y Juan Monsalve en la cárcel La Picota se celebró en febrero”

La fecha de la reunión es clave para la defensa, porque presuntamente la orden la dio Uribe en abril, dos meses después. Esta supuesta orden de Uribe se habría identificado por medio de una interceptación, la cual ha sido usada como prueba.

Así lo explica el abogado: “Hay una interceptación de comunicaciones que se da posterior, dos meses después de esa reunión, es decir, en abril, en donde Cadena efectivamente le pide permiso a Uribe para brindarle asesoría jurídica a Juan Monsalve. En esa interceptación se escucha a Uribe diciéndole que ‘proceda’."

Así las cosas, la defensa de Uribe alega que no se puede pensar que Uribe le ordenó a su abogado hacer algo cuando la autorización fue posterior. Esto significa que no tendría sentido que Uribe haya autorizado en abril la realización de la reunión de febrero. “La defensa dice que este argumento no tiene lógica. Aquí el ex jefe de Estado no tenía conocimiento, por lo tanto, él no puede determinar o puede dar la orden de la comisión de un delito cuando esa supuesta autorización se está dando con posterioridad a los hechos, a la reunión concreta”.

El dinero empleado para los pagos de los testigos no habría sido de Uribe:

De acuerdo al abogado, este sería otro argumento que tiene Uribe para defenderse, ya que los pagos que “fueron debidamente acreditados en el proceso que realizó el abogado Diego Cadena a otros testigos, fueron dineros del propio pecunio de Cadena”, indicó el penalista.

Así como dichos dineros no fueron autorizados por Uribe y él tampoco habría dado la plata, ni los ni la autorizó, ni los avaló.