Pese a amenazas UNP pide al alcalde Pasto asumir costos por su esquema seguridad
La entidad señaló que el esquema de protección debe ser financiado por la alcaldía, a menos que esta acredite falta de presupuesto.
Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) resaltó que la Alcaldía de Pasto debe asumir los costos del esquema de seguridad del alcalde Nicolás Toro, quien denunció amenazas contra su vida presuntamente proferidas por grupos armados ilegales tras ordenar operativos contra bandas criminales en esa ciudad.
La entidad aseguró que su actuación no obedece a una falta de voluntad institucional, sino al cumplimiento del Decreto 1066 de 2015, que establece que los recursos físicos de los esquemas de protección asignados por razón del cargo deben ser costeados por la entidad pública a la que pertenece el beneficiario, en este caso, la Alcaldía de Pasto.
“La única excepción a esta obligación son los municipios de sexta categoría que acrediten no contar con presupuesto para financiar dichas medidas”, explicó la entidad, al tiempo que precisó que, pese a múltiples comunicaciones, el alcalde Toro solo ha aceptado una implementación parcial del esquema, declinando el uso de elementos como el vehículo blindado, cuyo alquiler mensual supera los $20 millones de pesos.
El mandatario local aseguró que la respuesta de la UNP es increíble frente a las amenazas que enfrenta.
Según declaraciones conocidas por medios de comunicación, el organismo solicitó a la administración asumir los costos del vehículo blindado y otros elementos, lo cual, sostuvo, está fuera de las capacidades presupuestales del municipio.
El esquema de seguridad del alcalde ha sido parcialmente asumido por la Policía Metropolitana de Pasto, que brindó refuerzo en su sede y desplazamientos, y puso a disposición un vehículo blindado de forma provisional.
Adicionalmente, la familia del funcionario fue trasladada fuera de la ciudad como medida preventiva, y se modificó su lugar de residencia.
La UNP recordó que en enero de 2025 su director general emitió una directiva que prioriza la protección de funcionarios públicos cuya vida e integridad estén en riesgo, incluso por encima de los trámites administrativos.