Juez de Tunja tumbó el acuerdo que autorizaba predios para construcción del frigorífico de la ciudad

Tunja

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja anuló por completo el Acuerdo Municipal 006 del 12 de abril del 2023. En ese acuerdo, el Concejo de Tunja había declarado como de utilidad pública tres terrenos ubicados en la vereda Chorro Blanco, con el fin de adquirirlos y construir allí la planta de beneficio animal. Sin embargo, el juez concluyó que esos terrenos no cumplían con una condición fundamental: el uso de suelo industrial.

La sentencia fue emitida el pasado 7 de julio del 2025, luego de que Juan Sebastián Ramírez García demandara al Municipio y al Concejo, por haber expedido el acuerdo sin respetar lo que ya había ordenado la justicia. El juez revisó en detalle los antecedentes del proyecto, las decisiones judiciales anteriores, los documentos que acompañaron el acuerdo, y el uso de suelo real de los predios, y concluyó que todo el proceso se adelantó de forma irregular.

La historia de este conflicto viene de tiempo atrás. Desde el 2001, por orden judicial, el Municipio de Tunja tiene la obligación de construir una planta de sacrificio animal, o frigorífico, que cumpla con los requisitos legales y sanitarios para el manejo de carne destinada al consumo humano. En ese contexto, durante varias administraciones se han buscado predios para hacer realidad este proyecto, pero todas las propuestas han tenido problemas.

En el 2021, el Concejo aprobó un acuerdo diferente, el número 010, para permitir la creación de una sociedad de economía mixta que construyera y operara el frigorífico. Sin embargo, en mayo del 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá emitió una sentencia definitiva en la que le ordenó al Municipio de Tunja, y a cualquier persona que quisiera desarrollar ese proyecto, abstenerse de hacerlo en el predio de la vereda Runta ni en ningún otro que no tuviera uso de suelo industrial. Es decir, dejó claro que la planta solo podía hacerse en un terreno con ese tipo de uso, tal como lo exige el Plan de Ordenamiento Territorial.

A pesar de esa decisión del Tribunal, en el 2023, el Municipio presentó al Concejo un nuevo proyecto de acuerdo para declarar de utilidad pública tres predios diferentes, esta vez ubicados en la vereda Chorro Blanco, cerca de la plaza de mercado del sur. Los terrenos son propiedad del señor José Moisés González Vargas y están identificados con sus respectivos números catastrales. El Concejo aprobó el acuerdo con mayoría de votos y el alcalde lo sancionó el 12 de abril del 2023.

Pero, según el fallo judicial, los predios tienen uso de suelo agropecuario semi mecanizado y semi intensivo. Este tipo de suelo, de acuerdo con el Decreto 241 del 2014, no permite ningún tipo de actividad industrial. El frigorífico, al ser una planta de sacrificio y procesamiento de carne, es una actividad clasificada como industrial, debido al impacto que puede tener en términos de olores, aguas residuales, ruido y residuos. Por eso, el fallo concluye que los terrenos elegidos no eran aptos para ese proyecto.

El juez también hizo énfasis en que el acuerdo omitió mencionar normas clave del Plan de Ordenamiento Territorial vigente y no tuvo en cuenta lo que ya había sido ordenado por el Tribunal Administrativo en el 2022. En otras palabras, el acuerdo fue expedido sin sustento técnico ni legal, lo que constituye una causal de nulidad.

Además, la sentencia advierte que hubo irregularidades en las certificaciones de uso del suelo que acompañaron el proyecto. Uno de los certificados presentado indicaba que los terrenos se podían destinar a infraestructura de servicios, lo que fue interpretado por los proponentes del acuerdo como una autorización para construir el frigorífico. Sin embargo, el juez explicó que eso no equivale a tener uso industrial y que, por el contrario, el suelo tenía restricción expresa para ese tipo de actividad.

Otro punto importante que analizó el juzgado fue la forma en que se pretendía financiar el proyecto. La demanda presentada también advertía que no había recursos claros para ejecutar la obra, ya que el empréstito con el cual se pretendía respaldar la inversión había sido anulado en una decisión judicial anterior. El juez no entró a definir este punto a fondo, pero sí dejó en evidencia que el proyecto estaba rodeado de incertidumbre legal, técnica y financiera.

Como consecuencia de todo esto, el fallo no solo anuló el Acuerdo 006 del 2023, sino que dejó sin efectos cualquier acto derivado de él. Esto incluye la posible compra de los terrenos o procesos de expropiación administrativa que pudieran iniciarse. Además, el juez ordenó compulsar copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que se investigue si hubo responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales de los funcionarios que impulsaron y aprobaron el acuerdo, incluyendo al alcalde de Tunja, a varios secretarios de despacho y a los concejales que lo votaron a favor.

Con esta sentencia, el frigorífico de Tunja sigue sin terreno donde construirse. Ahora, el Municipio deberá reiniciar la búsqueda de un predio que sí cumpla con los requisitos técnicos, legales y ambientales, si quiere avanzar con un proyecto que, por ley, está obligado a construir. Mientras tanto, la justicia exige que las decisiones públicas se hagan con transparencia y dentro de los límites que establece la norma.