Sindicatos de salud se preparan para tomar acciones por la crítica situación del hospital

Cúcuta.

La crisis financiera del Hospital Universitario Erasmo Meoz ya no solo preocupa a sus directivos o a la comunidad médica, sino que ahora comienza a movilizar a organizaciones sindicales del sector salud, que advierten una inminente jornada de acciones y presión al Gobierno Nacional ante la falta de soluciones reales.

Durante un encuentro desarrollado en el Club Comercio de Cúcuta, representantes de los sindicatos ANTHOC y Asintrasersaludnorte alertaron que la situación del hospital ha llegado a un punto límite, y que, pese a los múltiples llamados y gestiones, no ha habido respuestas ni por parte del Ministerio de Salud ni de las entidades responsables del pago por servicios prestados, especialmente los correspondientes a la atención de población migrante.

“Estamos ad portas de tomar medidas drásticas, ya no hay más tiempo para espera. Hemos agotado todas las vías: derechos de petición, reuniones, cartas… y nada. La situación se sigue agravando y la deuda con el hospital sigue creciendo”, manifestó Jesús Vergel, presidente de ANTHOC en Norte de Santander.

Según cifras entregadas por los dirigentes sindicales, el Gobierno Nacional adeuda más de 83 mil millones de pesos solo por atención a migrantes. A esta cifra se suman los pasivos acumulados por EPS, varias de ellas intervenidas o sin contrato con el hospital, lo que agrava la crisis al dejar a cientos de pacientes sin cobertura formal.

“Estamos asumiendo una carga que no nos corresponde. Es el hospital público el que termina recibiendo a todos los pacientes que las clínicas privadas ya no atienden. El sistema colapsó, y lo único que hacemos nosotros es ponerle el cuerpo al abandono institucional”, afirmó Arístides Hernández, presidente de Asintrasersaludnorte.

Hernández fue enfático al señalar que la situación no se trata únicamente de servicios colapsados o de falta de camas, sino de un modelo en crisis que se sostiene a costa del sacrificio de los trabajadores de la salud y del derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna.

“El hospital está recibiendo pacientes que han sido rechazados por clínicas como la San José, la Duarte, la Santa Ana, entre otras. No hay un sistema de respaldo, ni flujo de recursos. A veces hay pacientes que duran más de 60 días hospitalizados y nadie responde por ellos”, agregó.

Aunque los dirigentes sindicales no revelaron en detalle qué tipo de medidas se implementarán, aseguraron que ya están en fase de definición.

Aclararon que no se trata solo de una protesta, sino de una movilización estructurada, que podría incluir plantones, acciones jurídicas y presión social para lograr que el Gobierno asuma su responsabilidad.

“Lo que viene no es simplemente un comunicado más. Lo que viene son acciones en defensa del hospital, en defensa de los trabajadores, y en defensa del pueblo cucuteño y nortesantandereano, que no tiene dónde más ser atendido”, puntualizó Jesús Vergel.

El llamado, reiteraron, no solo es al Ministerio de Salud, sino también a la comunidad y a las autoridades locales, para que se solidaricen y acompañen esta causa.

La preocupación es clara: si no hay una respuesta inmediata, el hospital podría comenzar a suspender servicios esenciales, con graves consecuencias para la salud pública de la región.