Primer paso para pagar la judicatura: avalan auxilio de hasta un salario mínimo en el sector público
La iniciativa del representante Héctor David Chaparro busca que los estudiantes de Derecho que realicen su judicatura en entidades públicas reciban una remuneración de hasta un salario mínimo
La iniciativa busca que los estudiantes de Derecho que realicen su judicatura en entidades públicas reciban una remuneración
Tunja
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca garantizar un auxilio económico para los estudiantes de Derecho que realicen su judicatura en entidades públicas. La iniciativa, presentada por el representante boyacense Héctor David Chaparro, plantea otorgar una remuneración de hasta un salario mínimo a quienes presten este servicio obligatorio en el sector estatal.
“Queremos que los estudiantes tengan una primera experiencia laboral digna, con condiciones que los motiven a crecer profesional y personalmente. Muchos de ellos trabajan hasta 10 horas al día, deben desplazarse largas distancias o asumir arriendos, y actualmente no reciben ningún tipo de remuneración. Eso es injusto”, señaló el representante Chaparro.
El proyecto contempla la creación de una figura contractual especial, similar a la de los aprendices del SENA, que permitiría a las entidades públicas incorporar en su presupuesto un rubro destinado al pago de estos practicantes. Esta figura evitaría la carga prestacional de un contrato laboral tradicional, facilitando la implementación del auxilio en todo el país.
“La iniciativa está pensada únicamente para quienes hagan su judicatura en entidades del Estado. La idea es que puedan recibir una compensación económica sin que ello implique una carga excesiva para las instituciones”, explicó Chaparro.
El congresista también informó que esta misma semana se radicará la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara y expresó su optimismo frente a la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley antes de finalizar el año.
“Si logramos avanzar como está previsto, esta ley será una realidad a finales de 2025. Sería un mensaje muy potente para todos los jóvenes que estudian Derecho en Colombia”, concluyó.