Consulta se convierte en populismo financiado por los contribuyentes para campaña política: Restrepo

El gobierno de Gustavo Petro presentó este lunes 19 de mayo una nueva propuesta de consulta popular que busca impulsar la reforma laboral, pero esta vez con cuatro preguntas adicionales sobre temas de salud.

La propuesta llega cinco días después de que el Legislativo negara el dictamen positivo necesario para llevar a cabo la consulta popular que pretendía preguntar a ciertos ciudadanos sobre distintos temas relacionados con los derechos laborales.

El nuevo documento que consta de 16 preguntas fue radicado en el Senado por los ministros Antonio Sanguino (Ministro Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (Ministro Salud) y Armando Benedetti (Ministro Interior).

Sobre la necesidad de las preguntas de la consulta

En entrevista con 6AM de Caracol Radio el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que las cuatro nuevas preguntas ya están contempladas en la ley, por lo que esta consulta extendida con asuntos sanitarios termina siendo un mecanismo para financiar una campaña política con recursos públicos:

“Son preguntas que tienen respuesta obvia, pero sobre todo son preguntas que ya estaban contempladas en la ley. Por eso me parece que al final termina siendo puro populismo, una forma de incluso de financiar una campaña política por cuenta de los contribuyentes. Por ejemplo, que el Gobierno compre o produzca medicamentos para garantizar su entrega oportuna, eso está ya en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Las cuatro nuevas preguntas sobre salud

De acuerdo con el texto radicado, las cuatro nuevas preguntas introducidas por el Gobierno se centran en la transformación del sistema de salud. Entre ellas se destacan, la de convertir a las EPS en gestoras sin intermediación financiera y fortalecer la atención primaria extramural con enfoque territorial:

1. Que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes.
2. Que las EPS (Empresas Promotoras de Salud) dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) pague directamente a hospitales y clínicas.
3. Garantizar para los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto.
4. Establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y salario justo.

Frente a esto, el exministro de Hacienda reiteró que ya están contempladas en la normatividad vigente y convocar a las urnas para que se pronuncie sobre estos asuntos es innecesario y costoso:

“Que si está de acuerdo en que se pague directamente a través del ADRES a las clínicas y hospitales, ya hay un decreto vigente del 2024 que permite ese giro directo. Que si está de acuerdo en un modelo preventivo y predictivo en salud con atención primaria, está contemplado en por lo menos una ley estatutaria y la 1438 del 2011″.

Con relación al Régimen laboral especial para trabajadores de la salud indicó ya lo aborda el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas específicas del sector.

“La sensación que queda de todo esto es que se está utilizando un instrumento de consulta popular, un instrumento de consulta o de participación ciudadana para fines electorales que no debería ser el caso”.

Tal como aclaró Restrepo, para implementar lo que plantean estas nuevas preguntas no se necesita el voto popular ni pasar por el Congreso de la República. Lo que se necesita es ejecutar lo que ya está aprobado en la ley. Bien sea a través de decretos reglamentarios o simplemente aplicando las normas existentes.

Costo de la consulta popular

Para el exministro, si esta consulta va a costar casi un billón de pesos, ese dinero podría invertirse en necesidades urgentes y prioritarias del país, en lugar de gastar en una consulta innecesaria desde el punto de vista normativo.

En resumen, estas preguntas no requieren un nuevo mandato ciudadano porque los temas ya están regulados en el marco legal actual. El problema no es de ausencia normativa, sino de falta de implementación y seguimiento institucional.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: