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“Tendremos que escoger entre alimentar a los niños o los presos”: gobernador Yamil Arana

El 1 de julio entrará en vigor la ley que traslada a los entes territoriales la responsabilidad de los alimentos a los presos

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El próximo 1 de julio entrará en vigor la ley que traslada a los entes territoriales la responsabilidad de los alimentos de las personas privadas de la libertad. Ante esta situación, en el marco del Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, advirtió que el departamento no tiene cómo resolver financieramente este tema.

Según el mandatario, ahora se deberá decidir si se brinda alimentación a los niños de las escuelas o las personas privadas de la libertad. Reiteró que este tema no puede ser competencia de las entidades territoriales.

“Preocupación nos toca escoger hoy si le damos comida a los a los niños de los colegios o a los presos. Yo no yo creo que eso es un tema humanitario, pero no puede ser competencia de las entidades regionales y no puede seguir la Corte Constitucional a quien respeto admiro profundamente seguir legislando. Para eso está el Congreso de la República nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente. Los recursos de los departamentos tienden a ser regresivos”, expresó Arana.

Por su parte, el secretario de Seguridad Manuel Berrió, advirtió que suministrar la alimentación a las 2.500 personas privadas de la libertad en Bolívar a partir del 1 de julio le costaría anualmente al departamento más de 40 mil millones de pesos.

“Nosotros en las agentes territoriales y departamentales y municipales no tenemos hoy los recursos suficientes para atender esta demanda. Cada plato de comida cuesta 18 mil pesos que multiplicado por 3, significa que cada persona privada de la libertad le cuesta a los bolivarenses o a los habitantes de los diferentes municipios del departamento Bolívar 54 mil pesos. Si eso lo multiplicamos por 30 días que tiene el mes y por 12 meses que tiene el año imagínense cuánto cuesta, estaríamos hablando de que estas 2.500 personas le estarían costando al departamento Bolívar más de 40 mil millones de pesos al año”, puntualizó Berrío.

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