Conmoción interior y plan pistola, ¿qué revela sobre el momento que vive el país?

En Hora20 el análisis a la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. Lo que avaló, lo que tumbó y lo que esto significa para la situación humanitaria en esa región, para el gobierno y para la institucionalidad. También el debate sobre la medida para enfrentar el plan pistola: permitir que policías anden con su arma de dotación. Por último, lo que podría ocurrir en la jornada de movilización del primero de mayo.

Lo que dicen los panelistas

Diana Guzmán, directora de DeJusticia, abogada, doctora en Derecho y especialista en derecho constitucional, señaló que la decisión tomada por la Corte es razonable, “la Corte en este análisis estudia si el decreto madre cumple o no con una serie de criterios establecidos por la Constitución. Uno de ellos es el fáctico, que consiste en que si existen hechos específicos y lo analizado a la luz del decreto y acuerdo en Catatumbo es complicado, pues es una situación excepcional”. Explicó que el segundo criterio es el valorativo, “ahí la Corte no analiza hechos verificables, sino que se pregunta si configuran una situación excepcional, perturbación al orden público para adoptar medidas excepcionales; ahí el decreto es sólido para dar cuenta de situación de perturbación”. El tercero es el más complejo y es el de necesidad, ahí la Corte se pregunta si las medidas que establece son necesarias, contrastar lo del decreto con medidas ordinarias del gobierno, “ahí es donde hay parcialidad y el criterio que se aplica es que toca ver cómo lo justifica porque hay medidas dentro del decreto que no se justifican”.

Señaló estar de acuerdo en que Catatumbo requiere medidas urgentes, pero no deben ser de excepción, “esa diferencia es fundamental porque el estado de excepción es para una situación excepcional, pero si todo se resuelve por esa vía, entramos a situación de la década de los 70 y 80 y por eso la Constitución genera mejores controles para estados de excepción”.

Daniel Briceño: concejal de Bogotá por el Centro Democrático, abogado especialista en Derecho Público, planteó que en el marco de la decisión de la Corte lo más importante es preguntarse por la efectividad de la política pública, pues recuerda que el gobierno calculaba que con los decretos de los nuevos impuestos recaudaría hasta $1.5 billones en los primeros tres meses, pero a marzo el recaudo era solo de $130 mil millones. En segundo lugar, habló que del fortalecimiento de la Fuerza Pública, “el tema de fortalecimiento de fuerza pública en Catatumbo con estado de excepción”.

Sobre el panorama de la minga en Bogotá, explicó que hay un pacto político, “pero lo llamativo de la minga es que han llegado con doble intención que es generar presión que es lo que ha pasado previo al 1 de mayo para que les cumplan pacto con DNP donde el 2025 CRIC debe llegar a $300 mil millones en con contratos distintos a lo constitucional como PAE, salud o educación; pero hay pacto de doble funcionalidad hasta este momento protestan contra gobierno y mañana a favor”.

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que discusiones como las de conmoción interior generan un cuello de botella en medio de la necesidad de proveer ayuda humanitaria ante la dificultad que representa mover recursos para atender a las víctimas de la violencia en esa región. Comentó que hubiera sido mejor avalar la totalidad del decreto madre, aunque sostiene que tiene dudas sobre algunos elementos y decisiones adoptadas por el gobierno durante la conmoción.

Sobre la realidad del plan pistola, dijo que es una reacción tras haber “toreado el toro” y no saber qué hacer después, haciendo referencia a la ofensiva del Gobierno contra el Clan del Golfo que es el holding criminal más grande del país que lleva creciendo y que ahora el Gobierno decide clavarle la banderilla, “lo que teníamos con el Clan es que era el grupo criminal con más control y que no atacaba al Estado, pero hoy sí le interesa reducir capacidades de la Fuerza Pública y expandirse a las ciudades:; quieren más presión porque el Gobierno prometió un caramelo que hoy es apetitoso”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, señaló que un problema estructural como el de Catatumbo no se resuelve con medidas de emergencia, “soy escéptico sobre estas medidas para el tipo de problemas y características de la problemática que se registra. El decreto sale como una respuesta del gobierno central a situación puntual en Catatumbo, pero claramente eso no es problema de Catatumbo, es generalizado. El tema entonces es cómo atendemos el problema. En lo jurídico, muy leguleyo que si es constitucional o no y así ocupamos la atención del país”.

También dijo que se debe revisar si el tema central que le interesa al gobierno es atacar el problema de orden público o, “para hacer esa otra cantidad de cosa que él intenta hacer y no lo hace vía institucional cuando dice que porque hay fiebre amarilla habla de emergencia económica, entonces es si estamos interesados en solucionar los problemas o buscamos una excusa para justificar el estado excepción que permita hacer cosas que no se han podido hacer en otro momento”.