Alerta por irregularidades en gestión de recursos destinados para agua potable y saneamiento básico
La Contraloría General indicó que los hallazgos fiscales fueron entre 2020 y 2024
Imagen de referencia de Getty Images / faridan hadi rukmana
La Contraloría General de la República alertó que encontró irregularidades en la gestión y planificación de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para agua potable y saneamiento básico por $94.579 millones entre 2020 y 2024. Los hallazgos fueron luego de empezar una investigación motivada por varias denuncias.
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Según la Contraloría, municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva, y Tibú fueron afectados por deficiencias en proyectos de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
De hecho, se encontraron errores en la facturación, liquidación y asignación de subsidios de agua potable debido a bases de datos que estaban desactualizadas y al desarrollo de procesos inconsistentes, que generaron pagos indebidos que afectaron la eficiencia del gasto público.
Adicionalmente, la Contraloría General evidenció un aumento en los costos operativos y falta de mantenimiento, lo cual compromete la sostenibilidad de los sistemas de acueducto del país y la calidad y continuidad de los servicios.
Asimismo, la Contraloría mencionó que con la investigación se encontró 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal. Un total de $33.614 millones equivalen a los hallazgos fiscales, en donde el caso del departamento de Bolívar se destaca debido a las fallas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en varios municipios.
Además, en San Andrés Islas y Tibú, en Norte de Santander, se identificaron fallas en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios.
Por otro lado, la Contraloría explicó que las principales causas de estos los hallazgos son:
- Falta de planeación y estructuración adecuada de los proyectos
- Ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos
- Falta de un soporte en la formulación
- Demoras en la gestión de permisos ambientales
- Desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades.
“Estas deficiencias afectaron directamente los resultados y la puesta en funcionamiento de las obras. Además, se evidenció el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la ausencia de manuales de operación”, indicó la Contraloría.
