Este mes se reanudará el proceso contra el exalcalde Carlos Maya, por presuntos hechos de corrupción

Después de que los jueces Primero y Segundo Penales del Circuito de Pereira se declaran impedidos para avanzar con el proceso judicial que enfrentan el exalcalde Carlos Maya, el exsecretario de infraestructura municipal, Milton Hurtado García y los interventores José Alberto Rojas Prieto, Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, José Gabriel Vargas Carvajal y el contratista Carlos Guillermo Suarez, por delitos relacionados con corrupción ocurridos presuntamente, durante la ejecución de la primera fase de la Avenida Los Colibríes, el caso ahora está en manos del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.

Confirmó Renato Gómez, abogado defensor de uno de los implicados, que el juez ya fijó fecha para la continuación de la audiencia de acusación, la cual se encontraba suspendida desde el pasado 6 de diciembre.

“Antes de Semana Santa y después de que el Juzgado Primero Penal del circuito De Pereira se declaró impedido de conocer el proceso o del juicio del exalcalde Carlos Maya y los otros procesados, el proceso automáticamente pasa al Juzgado Segundo del circuito, y como este Juzgado ya había conocido también del caso por recursos de apelación, pasa automáticamente al Juzgado Tercero Penal del circuito De Pereira, que es el que actualmente tiene el proceso y fijo fecha para el próximo 30 de abril a la 1:30 de la tarde para la continuación de la audiencia de acusación que como bien sabemos estaba suspendida desde el 6 de diciembre del año pasado”, dijo Marín.

Así entonces resueltas las solicitudes de apelación presentadas durante las primeras audiencias, se daría paso a la acusación en la que se anunciaron se presentarán nulidades, como derecho a la defensa, lo que podría ralentizar aún más el proceso.

Recordemos que cerca del mes de julio de no presentarse el avance en este proceso se podría llegar al vencimiento de términos, lo que pondría en libertad tanto a Maya, como a los demás implicados, en este caso en el que advierte la Contraloría General de La República, se habría registrado un detrimento patrimonial cercano a los $18 mil millones de pesos.

Tanto Maya, como los otros cinco procesados, enfrentan cargos por diversos delitos, entre los cuales figuran contrato sin cumplimiento de requisitos legales; obtención de documento público falso, fraude procesal; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo; prevaricato por acción; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y peculado por apropiación con la circunstancia de mayor punibilidad.