Preguntas de la Consulta Popular del presidente Gustavo Petro genera preocupación

Boyacá

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para preguntar a los colombianos sobre 12 puntos clave en materia laboral sigue generando controversia en sectores políticos, empresariales y jurídicos. Aunque el Gobierno ha defendido la iniciativa como un ejercicio de democracia participativa, expertos advierten que su contenido podría ser inconstitucional, innecesario y redactado de manera “inducida”.

El abogado Octavio Rubio, con experiencia como asesor de organizaciones sindicales y profesor universitario en derecho colectivo y docente de la Universidad Central, en entrevista con Caracol Radio, manifestó que varias de las preguntas planteadas en el borrador de la consulta podrían violar los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

“Las preguntas están redactadas para recibir un ‘sí‘. Tienen una redacción emocional, generalizante, sin advertir implicaciones ni explicar cómo se implementarían las medidas. En muchos casos, no son preguntas claras, sino afirmaciones disfrazadas de consulta”, señaló Rubio.

La Corte Constitucional ha reiterado que para que una consulta popular sea válida, las preguntas deben ser claras, neutrales y no inducidas, es decir, que permitan una deliberación informada por parte del votante. Para Rubio, en esta propuesta del Ejecutivo “no se cumple con ese estándar”.

Medidas ya existentes

Uno de los argumentos más insistentes del abogado es que varias de las medidas que se proponen ya están previstas en normas vigentes. Es el caso de la jornada laboral máxima, que se pretende limitar a ocho horas diarias entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. Según Rubio, esta medida es innecesaria y puede resultar perjudicial para ciertos sectores.

“La Ley 2101 de 2021 ya establece la reducción progresiva de la jornada laboral a 42 horas semanales. Esta norma da flexibilidad para acordar cómo se distribuyen las horas. Si ahora se impone un horario fijo de 8 a.m. a 6 p.m., ¿Qué pasa con los trabajadores del comercio, la salud o el transporte, que deben laborar en turnos rotativos o en horarios extendidos?”, explicó.

El experto advierte que no se puede plantear una consulta que contradiga o limite el alcance de leyes previamente aprobadas sin considerar sus implicaciones jurídicas y económicas.

Recargo dominical y contratos sindicales

Rubio también se refirió a otras preguntas incluidas como el retorno al 100% del recargo por trabajo dominical, una de las banderas históricas del sindicalismo colombiano.

“Esa medida es jurídicamente posible, claro. Pero tampoco se explica en la consulta cómo se financiaría. ¿Se va a subsidiar a las pequeñas empresas para que asuman el mayor costo? ¿Habrá exenciones tributarias? ¿Se va a ajustar la jornada ordinaria para evitar despidos? Todo eso está en el aire”, advirtió.

Sobre la pregunta que busca prohibir los contratos sindicales y otras formas de tercerización, Rubio fue enfático en que se trata de una visión simplista del problema.

“Los contratos sindicales pueden usarse bien o mal. Lo mismo pasa con las cooperativas o las empresas de servicios temporales. El punto no es prohibir figuras legales, sino regularlas, supervisarlas y sancionar los abusos. Para eso ya existen herramientas en el Ministerio de Trabajo, pero no las aplican”, aseguró.

Impacto fiscal y participación efectiva

Un punto central de la crítica está relacionado con el costo que tendría esta consulta popular. Según Rubio, el país podría terminar invirtiendo una suma que oscila entre 600 y 700 mil millones de pesos, sin garantía de que el resultado tenga efecto legal inmediato.

“Una consulta de este tipo debe ser aprobada primero por el Congreso. Luego la organiza la Registraduría, y para que sea vinculante, cada pregunta debe alcanzar más de 13 millones de votos. Si eso no se logra, no pasa nada y el gasto sería monumental”, explicó.

Además, advirtió que muchas de las promesas incluidas en la consulta, como incentivos para la contratación de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o adultos mayores, ya están previstas en normas actuales, pero no se implementan de manera efectiva.

“El problema no es que no existan leyes. El problema es que no se ejecutan. No hay presupuesto suficiente, no hay seguimiento, y en muchos casos ni siquiera se difunden adecuadamente”, sentenció.

Por último, el abogado dejó abierta la posibilidad de que la propuesta del Gobierno tenga un fin más político que jurídico: reactivar la discusión sobre la reforma laboral que fue archivada en 2023, y movilizar apoyo social de cara a las elecciones regionales de 2026.

“Esto puede terminar siendo un mecanismo de agitación política más que un instrumento de transformación laboral. Si el Gobierno quiere cambiar la ley, que presente proyectos en el Congreso. Pero que no traslade el debate a una consulta costosa, confusa y con bajo efecto práctico”, concluyó.