Acuerdo entre Shottas y Espartanos: ABC de la medida para mitigar el reclutamiento de menores

Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria marcada por el desplazamiento de cientos de personas y el reclutamiento forzado de menores en bandas criminales. En medio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y los grupos Shottas y Espartanos, Fabio Cardozo, delegado oficial en la mesa de negociación, dijo en 6AM de Caracol Radio que se ha llegado a un acuerdo que busca impedir la vinculación de niños y adolescentes a estas estructuras delictivas.

Sin embargo, advierte que el reto ahora es garantizar el cumplimiento de este compromiso y que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de la niñez vulnerada en la región.

¿Qué implica este acuerdo?

El compromiso entre las bandas consiste en detener la vinculación de niños, niñas y adolescentes a sus estructuras delictivas. Aunque no hay una caracterización oficial sobre cuántos menores han sido reclutados, Cardozo advirtió que su presencia dentro de estos grupos es un problema evidente que debe ser abordado con urgencia. La meta es que este pacto sea monitoreado y acompañado por el Estado, asegurando que se cumpla de manera efectiva y se prevengan nuevas violaciones a los derechos de la infancia.

El papel del Gobierno en la protección de la niñez

Más allá del acuerdo con las bandas, el delegado subrayó que la protección de los menores no recae únicamente sobre los actores ilegales, sino también sobre el Estado. Cardozo enfatizó que es responsabilidad del Gobierno brindar oportunidades y condiciones dignas para los niños de Buenaventura, evitando que el crimen organizado se convierta en su única alternativa de vida.

“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la niñez. No basta con que las bandas prometan no reclutar menores, también debemos trabajar en la construcción de una realidad diferente para ellos”, señaló Cardozo.

¿Cómo se monitoreará el cumplimiento del acuerdo?

El Gobierno y las organizaciones de derechos humanos estarán atentos a la implementación del acuerdo, asegurando que no se repitan patrones de reclutamiento. Para esto, se reforzará la vigilancia en las comunidades más afectadas y se promoverán iniciativas sociales que protejan a los menores en situación de vulnerabilidad.

Si bien este acuerdo es un avance significativo, aún queda un largo camino por recorrer en la pacificación de Buenaventura. La erradicación del reclutamiento forzado de menores dependerá tanto del compromiso de las bandas criminales como de la respuesta del Estado en la generación de oportunidades para la juventud en riesgo.