INPEC invita a los alcaldes a construir cárceles municipales para reducir el hacinamiento

Boyacá

En el marco de la cumbre de alcaldes de Boyacá, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, hizo un llamado a los mandatarios municipales para que consideren la construcción de cárceles municipales o centros de detención transitoria como una alternativa para enfrentar el hacinamiento en estaciones de policía y carceletas.

“Varios alcaldes pueden unirse para construir un centro transitorio que les permita evitar el hacinamiento en estaciones de policía. Es una solución viable para garantizar mejores condiciones a las personas privadas de la libertad y aliviar la sobrepoblación carcelaria”, afirmó el coronel Gutiérrez.

El funcionario explicó que, a nivel nacional, el 85% de las ciudades han firmado convenios con el INPEC para trasladar a los sindicados a cárceles, pero aún hay municipios que no cuentan con estos acuerdos, lo que agrava la situación. Según Gutiérrez, actualmente hay más de 20.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y carceletas, lo que representa un nivel de sobrepoblación del 170%.

“El INPEC se encarga de los condenados, pero la responsabilidad de los sindicados recae en los alcaldes. Si no hay convenios ni centros de reclusión adecuados, el problema del hacinamiento seguirá creciendo”, enfatizó.

Ante esta realidad, el coronel propuso que varios municipios se asocien para construir centros transitorios de reclusión, lo que permitiría aliviar la presión sobre las estaciones de policía y mejorar la seguridad en los territorios. Explicó que estos proyectos pueden ser financiados mediante recursos municipales, departamentales y del Gobierno Nacional, con el apoyo del INPEC en el diseño y adecuación de los espacios.

Además de la construcción de cárceles municipales, el director del INPEC destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de resocialización de las personas privadas de la libertad. Resaltó el impacto positivo de los programas de trabajo comunitario con internos, que han permitido su reinserción en la sociedad y han sido bien recibidos por la ciudadanía.

“Ha sido un impacto histórico. Hay personas privadas de la libertad que llevaban entre 15 y 19 años sin salir a la calle, sin ver un vehículo o respirar aire fresco. Estos programas no solo benefician a los internos, sino también a la sociedad, que los ve trabajando y contribuyendo al desarrollo de sus ciudades”, afirmó Gutiérrez.