Gobierno y campesinos avanzan en acuerdos sobre actividades agrícolas en los páramos

Tunja

En el marco de la celebración de los 30 años de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa Avendaño, se refirió al avance que se ha tenido en las mesas de trabajo con los campesinos parameros del departamento.

Desde la movilización campesina de octubre de 2023, comunidades de los páramos de Norte de Santander, Santander y Boyacá han trabajado junto al Gobierno nacional en mesas de diálogo para abordar la problemática de las actividades agrícolas en estas zonas. Aunque la legislación ambiental inicialmente prohibió la agricultura en los páramos, la Ley 1832 de 2018 permitió su ejercicio bajo ciertas condiciones, aunque persiste la percepción errónea en algunas instituciones de que estas áreas son completamente intocables.

“Nosotros hemos venido desarrollando desde el año pasado una serie de mesas de trabajo para abordar una problemática que existe hoy en los páramos. Tiene que ver con que gran parte de la legislación que se creó inicialmente para proteger los páramos tuvo una situación y es que en primer momento se prohibió la actividad agrícola en los páramos y esas primeras leyes que prohibieron la actividad en los páramos generó como una impronta en las instituciones que hizo creer que los páramos, primero estaba prohibida la actividad agrícola lo cual se superó posteriormente con la ley 1830 del 2018 que permite la actividad en los páramos, pero quedó esa esa impronta y en muchas instituciones se asumió que los páramos era una era un área protegida. En ese sentido el ministerio de ambiente, con el ministerio de agricultura ha venido desarrollando una serie de medidas para apoyar a los campesinos de los páramos”, indicó la viceministra.

Una de esas medidas que han tomado los ministerios de Ambiente y de Agricultura para corregir esta situación, tiene que ver con la emisión de una circular firmada por el gerente del Banco Agrario y las ministras de ambas carteras, con la cual se orienta a las entidades financieras a permitir el acceso a créditos para los campesinos que desarrollan actividades agrícolas en los páramos. Además, se han realizado talleres jurídicos para brindar claridad sobre los derechos del campesinado y los límites de la actividad minera en estos ecosistemas.

El presidente de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo, reiteró que la minería en los páramos está prohibida, un logro impulsado por la movilización campesina y respaldado por la legislación ambiental. Paralelamente, la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la titulación de predios para campesinos que históricamente han habitado estas zonas, un paso clave para su estabilidad y acceso a programas de desarrollo rural.

“Recientemente me reuní con el director de la Agencia Nacional de Tierras y se están titulando tierras de campesinos de páramos que no habían tenido esa posibilidad, estamos mirando la oferta institucional que puede surgir principalmente del Ministerio de Agricultura como conciliamos ordenamiento territorial con las actividades agrícolas, derechos territoriales, derechos del campesinado que hoy están reconocidos en la constitución”, agregó Roa Avendaño.

En septiembre de 2024, las ministras de Ambiente y Agricultura firmaron un acuerdo con campesinos del páramo de Sumapaz y Cruz Verde, cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua y el derecho al territorio bajo una política de desarrollo sostenible.

Uno de los principales desafíos es definir qué tipos de actividades agrícolas y ganaderas pueden realizarse en los páramos con el menor impacto ambiental posible. Aunque la ganadería no está prohibida, se busca fomentar prácticas de bajo impacto, como la cría de caprinos en El Cocuy o modelos agroecológicos en diferentes regiones. Estas alternativas permiten mantener la producción agrícola sin comprometer la conservación de los ecosistemas estratégicos.

El Gobierno y las comunidades campesinas seguirán trabajando en la construcción de soluciones que permitan el desarrollo rural en los páramos sin poner en riesgo su función clave como fábricas de agua para el país.