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Sancionados dos exdirectores de la CAS, por incumplimiento en la Ley de Cuotas

El Ministerio Público verificó que los exfuncionarios incumplieron su deber de garantizar la participación de la mujer en cargos directivos.

Corporación Autónoma de Santander

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La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) es noticia luego de conocerse que dos de sus exdirectores han sido sancionados por el incumplimiento de la Ley de Cuotas, una normativa que busca garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos directivos y de toma de decisiones en entidades públicas y privadas.

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Los sancionados

Los exdirectores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) sancionados fueron: Juan Gabriel Álvarez García (2017- 2019) y Hecney Alexcevith Acosta Sánchez (2020 - 2023).

La Procuraduría General de la Nación confirmó que los exfuncionarios incumplieron con lo dispuesto en la ley 581 de 2000 para las vigencias 2019, 2020 y 2021, puesto que, en ninguno de los años anteriores los servidores públicos designaron en cargos de nivel decisorio a mujeres, con el objeto de garantizar una mínima participación del 30 %.

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La Ley de Cuotas, establecida en Colombia, tiene como objetivo asegurar una representación mínima del 30% de mujeres en posiciones directivas dentro de las instituciones del Estado. La medida es considerada fundamental para avanzar en la equidad de género y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en sectores tradicionalmente dominados por hombres.

La sanción

Según informes oficiales, los exdirectores de la CAS no cumplieron con los porcentajes establecidos por la legislación, lo que derivó en una investigación por parte de las autoridades competentes. Tras análisis de los registros de la entidad, se determinó que durante la gestión no garantizaron la integración de mujeres en los cargos directivos de la Corporación.

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En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones administrativas a los exfuncionarios que incluyen suspensión por 5 meses. Teniendo en cuenta que los exdirectores no se encuentran en la actualidad ejerciendo los respectivos cargos, la sanción se convertirá en el pago de lo devengado por 5 meses; para Álvarez García aproximadamente $ 41 millones y para Acosta Sánchez un promedio de $ 44 millones.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta de los disciplinados como gravísima, a título de culpa grave. La decisión es susceptible del recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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