Expertos aseguran que reforma Pensional impone nuevas cargas administrativas a empleadores
La nueva normativa traslada a los empleadores la obligación de realizar los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes, generando desafíos administrativos y financieros
Con la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, parte de la Reforma Pensional recientemente sancionada, las empresas estarán obligadas a realizar las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Este cambio, que aplicará desde el 1 de julio de 2025, supone un nuevo reto administrativo para los empleadores en Colombia.
Actualmente, bajo la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes contratados por prestación de servicios son responsables de gestionar y pagar sus propios aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Sin embargo, la nueva normativa transfiere esta responsabilidad a las empresas contratantes, las cuales deberán descontar el porcentaje correspondiente de los honorarios del trabajador para cubrir los aportes a salud, pensión obligatoria y, si aplica, los aportes voluntarios a pensión.
La Ley 2381 también amplía las responsabilidades de las empresas, que deberán realizar los pagos dentro de los plazos establecidos, mantener actualizada la información requerida para las contribuciones, asumir los aportes en caso de que no se efectúen los descuentos al trabajador y respetar la elección del fondo de pensiones de cada contratista. Asimismo, las empresas deberán notificar novedades laborales y garantizar que los trabajadores conozcan los beneficios del sistema de seguridad social.
Según Andrés Romero, asociado de la firma Godoy Córdoba, este cambio busca formalizar el trabajo independiente y aumentar los aportes al sistema, reduciendo así la evasión. Sin embargo, también representa una mayor carga administrativa y financiera para las empresas, que deberán ajustar sus sistemas de gestión para cumplir con estas nuevas obligaciones.
El sector empresarial ha expresado preocupaciones respecto al impacto de esta medida, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que podrían enfrentar dificultades para asumir estos costos adicionales. Si bien el objetivo de la normativa es fomentar la formalidad, los empresarios destacan la importancia de equilibrar estas nuevas exigencias con la sostenibilidad operativa de las organizaciones.
