Este martes 10 de septiembre, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, envío una carta al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios en la que hace propuestas para contribuir al proceso que se va a enfrentar la ciudadanía por los cambios que se avecinan en medio de la intervención del Gobierno nacional a la empresa Air-e.

Verano también incluye en la comunicación a la empresa Afinia que es la encargada de suministrar la energía a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y una parte del sur del Magdalena.

“Básicamente, estamos tratando de construir conjuntamente entre todos una gran propuesta para la intervención de las empresas de energía eléctrica de Air-e y Afinia para que, de una u otra manera, se garantice un excelente servicio a la comunidad y también no se haga una intervención simplemente de papel”, dijo el mandatario.

Insistió en que lo más importante es que se asignen recursos para poder cumplir con las obligaciones financieras que tienen las dos empresas, que es lo que de una u otra manera deja sin el capital de trabajo necesario para prestar un servicio eficaz, eficiente, que beneficie a las comunidades de Atlántico, La Guajira y Magdalena, departamentos en donde opera la compañía Air-e.

Puntos de la carta

• Garantía de cumplimiento de pagos: El agente interventor debe asegurar que las obligaciones laborales, así como los pagos a contratistas y proveedores, se cumplan oportunamente. Esto garantizará la continuidad de la cadena de suministro y evitará la quiebra de empresas clave que suministran insumos esenciales para la operación actual de la empresa Aire-e y/o Afinia.
• Reestructuración de deudas sin suspensión de pagos: Deben explorarse alternativas de renegociación de pasivos con los acreedores y proveedores que vienen prestando los servicios operativos a Aire y/o Afinia, pero sin suspender los pagos de las obligaciones esenciales para mantener la operación.
• Asignación de recursos financieros de emergencia: En caso de intervención, el Estado debe considerar la asignación de recursos temporales de emergencia, ya sea mediante préstamos del Gobierno nacional o mecanismos de financiamiento extraordinario, para garantizar que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones mientras se reorganizan.
• Supervisión y transparencia: El proceso de intervención debe estar sujeto a una estricta supervisión y transparencia. Se deben emitir informes periódicos sobre el avance de los pagos y las medidas adoptadas para la recuperación financiera, garantizando la confianza de acreedores, proveedores y usuarios.