¿Hay desigualdad en la prestación del servicio de acueducto en el departamento de Boyacá?

Tunja

Según las conclusiones preliminares del estudio denominado «Inversión en subsidios de servicios públicos y su impacto sobre la seguridad hídrica en Boyacá», hecho por la Facultad de Ingeniería Ambiental con el semillero de investigación Conrhi de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, en el departamento existen dos polos opuestos en la entrega de subsidios en el servicio de acueducto: hay municipios que tienen un déficit muy marcado, porque necesitan más recursos de los que realmente reciben, y hay otros en los que existe un superávit pero que no pueden utilizar ni ser entregados. Por consiguiente, también se genera una brecha entre lo que recibe el área urbana y lo que se subsidia en la zona rural.

¿Pero por qué sucede esto? Explicó en Caracol Radio el ingeniero Fabián Monroy, docente investigador del Instituto de Agua y Ambiente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de esta universidad, “que Boyacá ha invertido en los últimos 4 años cerca de $ 68 mil millones, pero esa cifra que se ha pagado desde las empresas y unidades de servicios públicos, se han quedado en las áreas urbanas, y esto es lo que genera una brecha de desigualdad e inequidad de acceso al agua potable en las zonas rurales del departamento”.

Y es que la dinámica de los subsidios, consiste en que los Municipios reciben recursos de agua potable y saneamiento básico que provienen del Sistema General de Participación, que les llegan por Ley 1450, “tienen que destinar el 15 % para subsidios, es decir, no los pueden gastar que no sea eso. Entonces ahí empezamos a encontrar las falencias que hoy tiene la Ley 142 de 1994, y encontramos dentro del estudio, a municipios que tienen un déficit muy marcado y otros que tienen un superávit muy visible”, agregó el docente.

Dentro del periodo de estudio que fue entre el 2020 y el 2023, se demostró que en Boyacá hay un déficit para subsidios de cerca de $ 29 mil millones, municipios como Chiquinquirá, Duitama, Paipa, Puerto Boyacá, hoy representan los déficits más altos, ya que necesitan incluso tres o cuatro veces más de los subsidios que por ley les corresponden; también está la otra cara de la moneda de los municipios que tienen superávit (excedente de recursos que hay en los Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso) que son Cubará, Maripí, Paya y Villa de Leyva, que tan solo en esto cinco fondos y en los fondos con menores destinaciones de superávit, hay recursos cercanos a los $ 13 mil millones, de acuerdo a la información de seguimiento de monitoreo de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda.

“A hoy, $ 13 mil millones están guardados en esos fondos del departamento, los cuales servirían para ser invertidos en las áreas rurales y ahí es donde encontramos que la Ley 142 se ha quedado atrás con una realidad. Treinta años entregando subsidios pero son únicamente en áreas urbanas; las áreas rurales se encuentran en una inequidad, desigualdad y aumento de brecha. Todos los colombianos tenemos derecho a agua potable y hoy no es así”, precisó el profesor Monroy.

Para los investigadores que publicarán este estudio, ha sido un problema normativo desde que nace esta ley en 1994, ya que en su artículo 9 se establece que es un derecho de cada uno de los usuarios y suscriptores, obtener por parte de la empresa una medición real del consumo y más adelante también hay conceptos de la Superintendencia de Servicios de que la falta de medición del consumo, por falta u omisión de la empresa, les hace perder el derecho del subsidio. ¿Entonces qué salta a la vista? Que los usuarios que no tienen una empresa formalizada, el gran problema en las áreas rurales del departamento y del país, no tienen una medición y por consiguiente si no la hay, no hay subsidio, así que el problema es la falta de formalización y de prestadores, las falencias normativas que existen desde la Ley 142 y la falta de infraestructura, y otro de los problemas asociados es que se denomina acueducto a una infraestructura muy básica, y en realidad debe ser el sistema capaz de entregar agua potable a todos los ciudadanos.

Concluyen en este estudio que para poder solucionar, reducir las brechas y ayudar a quienes hoy están en desigualdad, “es la formalización que debe ir de la mano con el apoyo a los acueductos en infraestructura de calidad, con tanques, plantas de tratamiento, revisión de la medición en los usuarios, un trabajo social necesario, si se quieren reducir esas brechas”, aseguró el docente de la Universidad Santo Tomás. Se hacen necesarias estas acciones para reducir esos índices de riesgo de la calidad del agua, que según un informe de marzo del 2023 de la Gobernación de Boyacá, el 73 % municipios tienen indicadores de riesgo de calidad del agua en medio y alto, esto quiere decir que no es segura y esto se transforma en enfermedades de salud pública.