Capturan a integrantes de organización delincuencial dedicada al sicariato en Ibagué
Según la investigación, estas personas conformarían una empresa criminal dedicada al sicariato. La Fiscalía logró determinar que por cada homicidio cobraban entre $2 y $5 millones de pesos.
Las autoridades impactaron a un grupo ilegal conocido como ‘Los Gallinas’ o ´Los Capuyos´,
Ibagué
Las autoridades impactaron a un grupo ilegal conocido como ‘Los Gallinas’ o ´Los Capuyos´, presuntamente implicado en siete asesinatos y una tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron en el primer semestre de este año en los barrios Nazareth, Nueva Castilla, Los Mandarinos, Álamos, y en la vereda Chucuní, y Llanitos, estas dos últimas, zonas rurales de Ibagué.
Tras las investigaciones la Sijin de la Policía Metropolitana capturó a cinco de los presuntos integrantes de este grupo, a la vez citó a tres hombres más a audiencia de formulación de imputación de cargos, debido a que se encuentran privados de la libertad.
Se trata de Jesús Miguel Bellorin Guevara, Édgar Fernando Ramírez Díaz, Juan Sebastián Godoy Pedraza, Jhon Stiven Reyes Romero, Jaider Stiven Brand Bastidas, Fran Esteban Isaza, Angelo Mauricio Quina Sánchez y Luiguin Isaza Herrera, este último capturado en flagrancia.
En medio de la imputación de cargos según las responsabilidades individuales, se les señaló de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de delitos y homicidio agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Según la investigación, estas personas conformarían una empresa criminal dedicada al sicariato. La Fiscalía evidenció que por cada muerte cobraban entre $2 y $5 millones. Para la ejecución de estos crímenes se desplazan en motocicletas. En desarrollo de las acciones judiciales a los procesados les fueron incautadas dos motos.
Para coordinar las acciones criminales, al parecer, usaban la mensajería instantánea a través de la cual enviarían fotos y ubicaciones de las víctimas, luego confirmaban sus ejecuciones, cobrando finalmente el dinero por el hecho consumado. Además, tendrían a su servicio personas que laboran en transporte informal a quienes les encargaban el seguimiento y vigilancia de los objetivos previamente seleccionados.
La red criminal sería financiada por rentas producto del tráfico local de estupefacientes. Varios de los homicidios habrían sido cometidos para garantizar el control territorial; además se precisó que en estas acciones ilícitas incluirían menores de edad.
Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.