Duro golpe a la extorsión en Colombia, más de 100 capturados en 12 departamentos
En el departamento de Risaralda también hubo capturas.
Fotografía suministrada: Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, impactaron un total de 12 organizaciones ilegales dedicadas a la extorsión, que delinquían en los departamentos de Risaralda, Atlántico, Quindío, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Meta, La Guajira, Santander, Tolima y Cesar; además de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá, logrando la captura de 143 de sus presuntos integrantes.
De acuerdo con las autoridades, los grupos criminales intervenidos fueron: ‘Los Trocaderos’, ‘Los RC’, ‘Los Porras’, ‘Clan del Golfo’, ‘La Terraza’ ‘Costeños Los Robles’, ‘Los Frontera’, ‘Los de la Torre’, ‘Los Galleros’, entre otros, cuyas víctimas fueron comerciantes, taxistas, docentes, gremios mineros, ganaderos y cafeteros, afectados también por delitos como: hurto, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado, so pena de ser asesinados o secuestrados.
La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, Deicy Jaramillo, dio detalles de lo que fue el operativo en el departamento de Risaralda.
Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, Deicy Jaramillo
Labores de policía judicial determinaron que también mediante modalidades delictivas como ‘tíotía’ eran extorsionados cientos de ciudadanos en todo el territorio, generando millonarios recursos para las redes de crimen.
Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades fue el de los ‘Call center’ o ‘Telefonistas’, una organización ilegal de la que harían parte siete mujeres y dos hombres, quienes crearon un centro de llamadas para llevar a cabo la acción delictiva.
Desde allí contactaban a decenas de ciudadanos a quienes intimidaban con falsos procesos judiciales, también, trataban de vincular a sus víctimas en falsas investigaciones relacionadas con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, intimidaban mediante la suplantación de autoridades con supuestas órdenes de captura, la cual sería evitada únicamente con el pago de altas sumas; o difundidas en redes sociales en los que serían expuestos como abusadores de menores. Así, habría reunido millonarias rentas ilegales.
Las denuncias instauradas permitieron documentar múltiples eventos y determinar que los pagos ilícitos recibidos por esta organización podrían alcanzar los 15 millones de pesos al día.