Dina Boluarte es denunciada ante el Congreso de Perú por homicidio calificado
La denuncia fue presentado contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por homicidio calificado y lesiones graves.
La Fiscalía de Perú denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves por las muertes que dejaron manifestaciones entre 2022 y 2023.
Perú
La fiscalía de Perú denunció este martes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el delito de homicidio, al acusarla de ser responsable de la represión a las protestas ocurridas tras su llegada al poder en 2022, que causaron al menos 50 muertos.
“Hoy se presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de Dina Ercilia Boluarte Zegarra y otros como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”, indicó la fiscalía en un comunicado publicado en la red social X.
A Boluarte y a seis exministros “se les sindica como presuntos autores de los delitos de homicidio y lesiones graves”, agregó.
La denuncia, entregada la mañana de este martes al parlamento, es el paso previo a un antejuicio político, que debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella termine su mandato, en 2026.
Para la fiscalía, los hechos que fundamentan la denuncia se refieren a las protestas contra Boluarte ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
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En esas manifestaciones se registraron al menos 50 muertos (41 por arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves o leves, según las autoridades.
En el parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, la denuncia debe ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el pleno en un trámite sin plazo determinado.
Boluarte, de 62 años y quien asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución y arresto del entonces mandatario Pedro Castillo, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.