438 conflictos sociales por mala prestación de servicios públicos entre 2022 y 2024
Cerca del 91% de la totalidad de los eventos estuvo relacionado con la prestación de los servicios de energía eléctrica y agua en Bolívar, Sucre y Córdoba
438 conflictos sociales por mala prestación de servicios públicos entre 2022 y 2024
Entre enero del 2022 y el 15 de marzo del 2024, en Colombia fueron registrados 438 conflictos sociales a causa de inconformismos de la ciudadanía con la prestación de servicios públicos domiciliarios, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en la reciente presentación de un informe en Cartagena, Bolívar, durante una sesión del Diálogo Defensorial para la Transformación.
El documento ‘Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios: Estudio de caso Bolívar, Sucre y Córdoba’ evidencia que de todos los eventos, 203 estuvieron asociados al agua potable (46,3%) y 195 al servicio de energía eléctrica (44,5%); es decir, los dos servicios abarcaron el 90,9% de la totalidad de los conflictos manifiestos.
Los eventos tuvieron como causas, principalmente, la interrupción del suministro del servicio, las altas tarifas y la falta de infraestructura adecuada. Estos problemas afectaron en particular a comunidades vulnerables de zonas rurales y asentamientos irregulares. Bolívar, Sucre y Córdoba fueron los departamentos que más afrontaron la problemática.
El informe, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, también da a conocer que Magdalena fue el departamento que reportó la mayor cantidad de conflictos sociales, con 58 casos (13,2%); le siguieron Atlántico, con 57 (12,3%); Bolívar, con 54 (12,3%); Córdoba, con 31 (7,1%), y la Guajira, con 28 (6,4%). Los seis departamentos concentran el 58,9% de la totalidad de los eventos.
Como institución de derechos humanos y en su compromiso constante con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, participó durante el 2022 y el 2023 en 34 espacios de diálogo y mesas de negociación relacionados con conflictos generados por la prestación de los servicios públicos. La mayoría fueron realizados en Magdalena, Nariño, Cauca, Bolívar y Córdoba.
Recomendaciones de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta el aumento de la conflictividad y el impacto económico y social que afecta a las comunidades, les recomienda al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos a atender las solicitudes de los ciudadanos y buscar alternativas que permitan la construcción conjunta de acciones, cuyo fin sea solucionar las problemáticas identificadas en el sistema de servicios públicos no solo en el Caribe, sino en las demás regiones del territorio nacional.
De igual forma, recomienda fortalecer e impulsar el desarrollo de los planes de transición energética a nivel territorial, vigilar de manera constante la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y ante las irregularidades conocidas, imponer sanciones y establecer medidas urgentes con presupuesto concertado para modernizar la infraestructura de transmisión y distribución de servicios públicos domiciliarios.
Acuerdos establecidos en sesión del Diálogo Defensorial para la Transformación
En la sesión del Diálogo Defensorial fue acordada para el 19 de este mes la instalación de una primera mesa de trabajo, que contará con la participación de voceros del operador de energía eléctrica Afinia, lideresas y líderes de la comunidad, así como con representantes de los gobiernos de Bolívar y Cartagena.
El fin será tratar asuntos sobre la calidad y continuidad de los servicios, la construcción de las obras y el desmonte y la retirada de postes que están afectando la movilidad en un sector de Cartagena, pues la comunidad tiene programado para el próximo 30 de julio realizar un bloqueo en la vía La Cordialidad.
Igualmente, el Ministerio de Minas y Energía promoverá un espacio de diálogo con lideresas y líderes comunitarios, en el que también participarán representantes de Afinia y de los gobiernos nacional y regional. El propósito consistirá en revisar los procedimientos de atención sobre peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de las comunidades por la inadecuada prestación del servicio de energía eléctrica. Este mismo ejercicio será replicado en los demás departamentos del Caribe.