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La investigación judicial por chuzadas es reservada y merece respeto: magistrado Ibáñez

Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional indicó que continúa como funcionario judicial actuando con tranquilidad y transparencia alejado de cualquier presión.

Este martes 25 de junio, el presidente Gustavo Petro insistió que su Gobierno no ha “interceptado a nadie de manera ilegal” luego de las denuncias de varias cortes de la justicia colombiana de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados.

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A través de su cuenta de X, Petro calificó estas acusaciones como ‘fake news’ que buscan debilitar al Gobierno rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público.

En días pasados, magistrados de la Corte Constitucional denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación la presunta interceptación de sus teléfonos, denuncia a la que también se sumó este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Actué alejado de cualquier tipo de presión

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez se refirió a la negación del mandatario sobre presuntas ‘chuzadas’ a magistrados y opositores y lo que espera el Alto Tribunal tras la investigación.

Ibáñez, quien sería una de las principales víctimas de las presuntas interceptaciones, brindó su declaración a un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el 24 de junio, para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la judicialización de los eventuales responsables.

Según el magistrado, desde varios meses han sido intervenidas las comunicaciones en su teléfono celular y no descartó que esa misma situación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la alta Corte.

De acuerdo con lo manifestado por Ibáñez, es un servidor judicial que actuó con tranquilidad, transparencia y objetividad, alejado de cualquier tipo de presión, por lo que no se considera víctima de ningún hecho que pudo haber ocurrido y sobre el cual se limitó a presentar detalles frente a las autoridades competentes:

“Solo me he limitado como lo hice formalmente a presentarla al señor presidente de la Corte Constitucional, quien a su turno lo sometió a consideración de la Fiscal General de la Nación en una sala plena en la que estuvimos todos reunidos para leer la comunicación que yo entregué y la cual fue entregada a la Fiscalía”. Agregó que, esta es una investigación judicial reservada que implica un respeto absoluto por la actividad que despliegue el ente acusador.

“Yo estoy debidamente protegido en este momento”

“Yo como mi familia nos encontramos muy tranquilos por justamente estar en una democracia y en un Estado que respeta el orden constitucional, el Estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones públicas entre ellas las de investigación para efecto de que adopten las determinaciones que el derecho corresponde”, indicó el magistrado.

Con relación a su esquema de seguridad, señaló que cuenta con las mismas medidas que le proporcionó el Estado desde que asumió el cargo de magistrado, en esa condición de manera personal junto a su familia, “no hay un dispositivo especial de seguridad en relación con los magistrados auxiliares porque no lo establece así el orden jurídico, pero en este momento estoy debidamente protegido en este momento por las instituciones públicas, en especial la que nos ofrece la Policía Nacional”.

El magistrado Ibáñez también comentó que este tipo de acciones ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces que imparten justicia.

“Un juez constitucional no tiene un carácter político”

Recordó que, “un juez constitucional como cualquier juez primero que todo no es parte en un proceso, es el juez y, por lo tanto, él mismo debe tener la garantía para obrar con imparcialidad y objetividad alejado de cualquier prevención, por eso inclusive ni siquiera debe entrar en controversia con las partes o con los accionantes o intervinientes en un proceso. El juez es constitucional, por lo demás debe dar ejemplo de respeto del orden jurídico y de todas las demás autoridades que queda su cargo y por supuesto todas las competencias que a ellas les atribuye la Constitución y la ley, por eso tiene que respetar íntegramente además de la Constitución las demás autoridades”.

Resaltó que además, el juez constitucional no tiene un carácter político, ni representa un interés un partido o un movimiento político o a una congregación o grupo religioso, sino que debe obrar únicamente como juez y no como legislador o como controlador político.

“Es necesario que exista un juez constitucional para garantizar y hacer respetar el principio tutelar que denominamos de equilibrio en el ejercicio del poder y de manera particular el principio de separación de poderes, acuérdense que todos los órganos dice la Constitución tienen funciones separadas y todos deben ejercerlos de manera equilibrada para lo cual a su turno que la obligación de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado eso es por ello una garantía ciudadana y después constitucional”.

¿Cuál es la intención detrás de las chuzadas?

“La verdad no sé cuál sea la intención de aquellos que lo han venido haciendo, es un asunto que deberá investigarse por parte de quien adelanta la investigación que es la Fiscalía, para mirar la intención la voluntad de intervenir las comunicaciones de un magistrado o de cualquier magistrado de una corte. Lo importante para esos efectos es que uno no actúe con temor con parcialidad o se deje llevar por esas circunstancias, hay que mantener íntegramente la independencia, la voluntad de servicio y por supuesto, esa integridad que puedan tratar de influir en la conducta EN EL ejercicio de la función y la potestad judicial. No tengo idea, no sé de quién se trata y por qué lo hacen”, explicó el magistrado Ibáñez.

Los magistrados denunciaron ante la Fiscalía la posible interceptación de teléfonos celulares, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes por parte de organismos de inteligencia del Estado. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) también inició una indagación interna de este caso.

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